Madrid. Al día siguiente de su reunión con la vicepresidente segunda del gobierno español, Yolanda Díaz, el líder del separatismo conservador catalán Carles Puigdemont, quien gobernó la región entre enero del 2016 y octubre del 2017, puso las condiciones irrenunciables de cara a apoyar una investidura como presidente del gobierno del socialista Pedro Sánchez, entre las que destacan la aprobación de una amnistía general a todos los procesados por su participación en la declaración unilateral fallida de secesión y el reconocimiento al derecho de autodeterminación en virtud de la legislación internacional. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la parte del gobierno central que preside advirtieron al dirigente independentista que los “los límites de la negociación están en la Constitución”.
Las elecciones del pasado 23 de julio dejaron un Congreso de los Diputados fragmento, dividido en dos grandes bloques; el de la derecha y la extrema derecha, con 172 diputados respaldándola, y el de la izquierda y los partidos indepedentistas, que a día de hoy sólo suman 171, a la espera de que finalmente Junts per Catalunya (JxCat), el partido que lidera Puigdemont desde Bruselas, decida sumarse a la causa del gobierno de coalición. El resto de los partidos que potencialmente podrían apoyar a un gobierno presidido por Sánchez todavía tienen que negociar tanto con el PSOE como con la coalición de izquierdas Sumar, en la que se encuentra Podemos junto a 14 partidos políticos más, pero tanto Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) como EH-Bildu, Bloque Nacionalista Galego (BNG) e incluso el conservador Partido Nacionalista Vasco (PNV) ya advirtieron que en ningún caso apoyarán un gobierno aliado de la extrema derecha. Además de que en la última legislatura han sido socios estratégicos de Sánchez, así que la única duda que sigue latente es la Puigdemont y sus siete diputados en el Parlamento español.
Las cuatro condiciones que puso Puigdemont para sentarse a negociar y apoyar finalmente la investidura de Sánchez, que permitiría la reedición del actual gobierno de coalición entre socialistas y la izquierda de Sumar, se deben “cumplir” antes de sentarse a hablar sobre la “negociación posterior”, es decir el de la votación de la investidura. El objetivo final de Puigdemont es, según él, crear “un camino alternativo a la independencia que pueda garantizar el respecto y la supervivencia de Cataluña como nación. Si hay voluntad real de encarar este acuerdo, esas condiciones se deben crear, aunque sean forzadas por la necesidad y no por la convicción. Y por ahora nada hace pensar que la necesidad de apoyo parlamentario sea suficiente como para empujar cambios históricos en que las viejas naciones sean reconocidas”.
De ahí que exigiera “garantías” de que se creará de forma tangible y comprobable una ley de amnistía y se permitirá un mecanismo similar al del referendo del 1 de octubre para permitir el derecho de autodeterminación en función de “los tratados internacionales”. El dirigente catalán no ocultó su desconfianza: “El Estado español espía, infiltra y fabrica montajes para proceder a detenciones sin fundamento. Por eso exigimos que se reconozca la legitimidad del independentismo como opción política válida”.
En cuanto a la ley de amnistía que exige, Puigdemont advirtió que el Estado debe cumplir con “el abandono completo y efectivo de la vía judicial contra el independentismo. A través de una ley de amnistía que incluya el amplio espectro de la represión iniciada desde antes de la consulta del 9 de noviembre de 2014 y a través de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Esto permitirá, según el líder de JxCat, “reparar una injusticia, no para olvidar o llegar a un punto final ni para igualar las víctimas y los victimarios”.
La vocera del Ejecutivo, la socialista Isabel Rodríguez, y el vocero del grupo parlamentario socialista en el Congreso, Patxi López, explicaron que la vía propuesta por Puigdemont “no es la nuestra” y que los “límites de cualquier negociación será la Constitución”.
Al debate se sumó también el expresidente Felipe González, socialista, que instó al gobierno a explicar que tanto la amnistía como la autodeterminación “están fuera de la Constitución”, además de que reconoció que en los comicios generales del pasado 23 de julio le costó votar al PSOE “porque los cimientos en los que se fundamenta la convivencia democrática llevan tiempo siendo atacados”.
Ante las exigencias de Puigdemont, el candidato del derechista Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, decidió cancelar su reunión con JxCat, al tiempo que se reunió con el máximo dirigente de Vox, Santiago Abascal, al que le agradeció su “apoyo incondicional” a su investidura, que tiene todos los visos de fracasar.
