Por ello, el juez acusó a Hernández Acosta y al secretario general del TSJ, Fernando Mendoza Ruiz, de extorsión, amenazas, intimidación y ataques a su independencia judicial. Ante diversas instancias locales e internacionales demandó medidas para garantizar su seguridad, pues dice temer por su vida y la de su familia

El togado, cuya identidad se mantiene bajo reserva, se negó a dimitir acogiéndose a la integridad con que ha desempeñado su trabajo, en el cual fue ratificado por el Consejo de la Judicatura, luego de que obtuvo su plaza en un concurso de oposición abierto (CJE/002/2018), que contó con el aval de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el expediente del amparo en revisión 963/2019.

Desde entonces, el juez ha sido víctima de una persecución y acoso, por lo que presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) contra Hernández Acosta y varios funcionarios, en la que pide se le deje de extorsionar, perseguir, amenazar, atacar y transgredir su independencia judicial.

Por consigna le abrieron procesos administrativos

Acusó que por consigna se le han iniciado una serie de procedimientos administrativos ante la Dirección General Jurídica del Poder Judicial, a cargo de Francisco Javier Fierro Islas. Además, señala que es objeto de actos de hostigamiento y acoso laboral de la Contraloría Jurídica, presidida por Ivonne Coello Muñoz.

Manifestó que la persecución en su contra transgrede la norma oficial mexicana (NOM) 035-STPS-2018 Factores de riesgo sicosocial en el trabajo: identificación, análisis y prevención, así como lo dispuesto por el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

También viola la recomendación 206 de la OIT (sobre la violencia y el acoso) que proporcionan un marco común para prevenir, remediar y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Por ello, el afectado exigió se le deje de hostigar, amedrentar, amenazar y discriminar.

Pidió además contar con un debido proceso, que se limpie su nombre y su prestigio y se le otorgue la Restitutio in Integrum (restitución integral), como víctima de violaciones de derechos humanos que constituyen una persecución por de funcionarios del Poder Judicial.

En la queja ante la CEDH el juez acusa a Fernando Mendoza, secretario general del TSJ; a Ivonne Coello, contralora jurídica del Poder Judicial del Estado; a Francisco Fierro, director general jurídico del Poder Judicial; Nidia Orpinel Pizarro, titular de la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas y a Luis Maldonado, coordinador de Comunicación Social del TSJ. Asimismo, señala a Claudia Salgado, jefa del Departamento de Seguridad y Gestión Ambiental del TSJ y Celso Grajeda, jefe de Seguridad Interna del TSJ.

A estos últimos y al Consejo de la Judicatura les imputa no tomar las medidas para garantizar su seguridad, ante el acoso de que es víctima y los actos de violencia institucional en su contra, pues dice temer por su integridad física.

El juez de primera instancia también presentó denuncias ante Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos de Naciones Unidas, y ante Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas.

A las acusaciones anexó los registros digitales y audios de las ocasiones en que lo extorsionaron Hernández Acosta, Mendoza Ruiz y varios miembros del organismo.

En una de las grabaciones, Mendoza Ruiz le dice al juez que el mensaje de la magistrada era “salir del tribunal en una situación eminentemente tranquila, en el sentido de decir, ‘me retiro’, pero hasta aquí la bronca”, al tiempo que lo presiona en reiteradas ocasiones para renunciar. En sus peticiones de auxilio, el juez acusó a la presidenta y al secretario general del TSJ de extorsión, amenazas, intimidación y ataques a su independencia judicial, por lo que ha solicitado ante diversas instancias internacionales y locales medidas para garantizar su seguridad.

¿Va a firmar o no?

Según se desprende de las denuncias del juez, Hernández Acosta ordenó que el togado presentara su renuncia a cambio de que no se iniciara una persecución en su contra, presuntamente en represalia por no estar de desacuerdo con fallos emitidos en ciertos casos de alto impacto y para amedrentar a los demás juzgadores.

En una reunión en la oficina de la magistrada presidenta del TSJ, en presencia de Mendoza Ruiz, lo primero que ella le dijo fue: ¿Qué pasó pues, va a firmar o no va a firmar?.

El togado respondió que no. Le puntualicé que no deseaba dimitir, le hice ver que yo no contaba con ningún abogado y jamás me acerqué a negociar nada.

Una vez que el juzgador hizo las aclaraciones, Myriam Hernández soltó: si usted toma esa decisión, adelante, pero la oferta es que usted se va sin problemas. Usted pedía garantías, ¿cuáles, qué necesita, a qué se refería?.

No me querían en el TSJ

Respondí que yo no tenía nada que ocultar, que estoy limpio de conciencia y de mi actuar. Garantías en el sentido de que a mí, un magistrado me dijo de parte de ella que él era un mero intermediario, pero el mensaje era que no me querían en el TSJ y que si no renunciaba se iban a ir por otro lado.

“Al ver mi firmeza y negativa a renunciar, la titular del Poder Judicial de Chihuahua me dijo: ‘que te vaya bien’, y pidió que me retirara. Al salir, Mendoza Ruiz me solicitó hablar a solas en una sala contigua a la oficina de la magistrada.

Me dijo que estaba consciente de las pláticas que sostuvo conmigo un magistrado a petición de la presidenta. El secretario fue insistente en el tema de mi dimisión, haciéndome la misma pregunta cuatro veces, ejerciendo presión sobre mi persona.