A 50 años del golpe de Estado en Chile contra el gobierno democrático de Salvador Allende se debe realizar un acto de Estado que conmemore ese crimen de lesa humanidad, que el 11 de septiembre de 1973 inició el terrorismo estatal que asoló al país durante 17 años, no un evento cultural ni artístico, sostuvo Carmen Hertz Cádiz, primera vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de esa nación.

La legisladora y abogada defensora de derechos humanos dijo a La Jornada que el estatuto que la comunidad internacional ha creado durante décadas, sobre todo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, sostiene con claridad que en las sociedades que han sufrido opresiones políticas de exterminio o genocidas, como la nuestra, el Estado tiene la obligación de dar a conocer esa verdad.

Puntualizó: Ésta tiene que ser colectiva, y es un fundamento de la memoria. Eso en Chile, por diversas razones, está obviamente al debe. Lo importante hoy es insistir en el tema de la memoria y en que ésta no es en clave de pasado, sino de presente y de futuro.

Hertz (Santiago de Chile, 1945) deploró la ola de negacionismo desarrollada por una ultraderecha chilena que trata de instalar relatos que pretenden relativizar esta verdad histórica y buscar consensos sobre algo en lo que no hay nada que consensuar: el golpe de Estado fue el crimen fundacional en este país.

Apeló a que se difunda mucho más lo que ocurrió para que los ejecutados, desaparecidos y prisioneros políticos que sufrieron tortura no sean un número, sino rostros y vidas, biografías truncadas. Eso no se ha difundido nunca en la enseñanza media ni en la escuela matriz de las fuerzas armadas. Tienes políticas públicas de memoria muy deficitarias por el carácter que tuvo la transición democrática, uno de cuyos pilares fueron los pactos de impunidad, que estallaron de manera dramática cuando Augusto Pinochet fue detenido en Londres, el 16 de octubre de 1998.

La legisladora sostuvo que se requiere “un país con una memoria colectiva que no se distorsione, de manera que el ‘Nunca más’ no sea una frase retórica, sino una realidad. Es necesario un gran estímulo a las políticas públicas de memoria, lo que hasta ahora no ha ocurrido. Se han distorsionado no sólo los crímenes de la dictadura, porque sus herederos siguen relativizando y justificando, por ejemplo, el golpe militar, sino que además se ha distorsionado de forma indecente lo que fue el gobierno de Allende y de la Unidad Popular”.

La abogada reconoció que el proceso político de la Unidad Popular sí es un espacio para deliberar. Además de la revolución francesa y la guerra civil Española, no existe otro proceso político que haya sido más analizado, revisado y reflexionado que éste. Se han escrito cientos de libros artículos; partidos políticos determinaron sus estrategias políticas en función de lo que fue esa coalición.

Carmen Hertz fue abogada secretaria del Consejo de la Corporación de la Reforma Agraria durante la Unidad Popular (1970-1973). Fue pareja del político y periodista Carlos Berger, quien el día el golpe fue detenido, liberado y recapturado más tarde por militares. Junto con otros presos de la cárcel de Calama fue asesinado por la llamada Caravana de la Muerte, dirigida por Sergio Arellano Stark para eliminar disidentes políticos de la dictadura. Se intentó desaparecer los restos.

La integrante del Partido Comunista Chileno explicó que hay varias comisiones nacionales sobre el tema de los delitos cometidos contra opositores, como la de la Verdad y Reconciliación, llamado Informe Rettig; la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación y los dos informes sobre prisión política y tortura.

De ellos se desprende que el número de víctimas, ejecutados o desaparecidos forzados son más de 3 mil; la cifra de prisioneros políticos que sufrieron la prisión política y la tortura es oficialmente de alrededor de 40 mil personas.

Acotó que para quienes han trabajado en derechos humanos la cifra de quienes sufrieron prisión política es muy superior, pues muchos no comparecieron ante la Comisión Valech sobre prisión política y tortura. “En el Estadio Nacional –ejemplificó Hertz–, que fue transformado en un campo de concentración, la Cruz Roja estimó que en octubre de 1973 había más de 50 mil presos políticos.

“Chile se transformó en un campo concentración. Desde Arica a Magallanes (dos extremos del país sudamericano) no hubo un sólo poblado en que Carabineros, la policía nacional, no haya establecido su cuartel como centro de detención. Lo característico del golpe en Chile es que fue contra el movimiento popular, contra su pueblo, contra un programa de transformaciones.

El golpe de sedición (financiado por una potencia extranjera, acreditado tanto por el informe del Senado estadunidense como por los archivos desclasificados de la CIA) fue una fuente de restauración oligárquica y una venganza feroz contra su pueblo, al que se humilló, se encarceló y al que se le requisó todo lo que se pudo. Fue una política Estado desde el comienzo, que fue teniendo diferentes características, en el método de eliminación de los opositores políticos.