Buenos Aires. Al cumplirse un año del intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner frente al edificio de departamentos donde vivía, cuando la rodeaban militantes que se mantenían en vigilia ante los hechos violentos y amenazantes de opositores y de grupos de choque en el país, la justicia, que está en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti, del llamado partido Judicial, no ha avanzado sobre el caso, lo que evidencia una impunidad desafiante.

Capuchetti decidió enviar a juicio esta causa, para juzgar a los tres detenidos, Brenda Uliarte, Nicolás Carrizo y Fernando Sabag Montiel, quien apretó el gatillo a centímetros de la cabeza de Fernández de Kirchner, pero la bala se trabó, en una escena dramática, que recorrió y conmovió al mundo, y rápidamente los gobiernos se solidarizaron con la dos veces presidenta de esta nación (2007-2011-2015).

La jueza, que trabaja con el jefe de gobierno de esta capital, Horacio Rodríguez Larreta, de la opositora alianza Juntos por el Cambio, ha recibido decenas de pruebas de la relación de este grupo con los neonazis de Revolución Federal (RF) y sobre el financiamientos a estos de parte de ex funcionarios y amigos íntimos del ex mandatario Mauricio Macri, como los hermanos Caputto.

La letrada se ha negado a investigarlos, a pesar de las pruebas que tiene, y se recuerda en estos momentos, las graves irregularidades que se cometieron en esta causa. Entre ellas está un celular, que por “un error” de un funcionario de su equipo se borraron todos los mensajes, así como la pistola de Sabag Montiel, todas enviadas por la policía.

Además, también se identificó muy cerca del lugar del hecho a Brenda Uliarte, la novia de Sabag Montiel y se le dio tiempo para que se alejara del lugar. Todos estos hechos acumulados en los primeros días afectaron gravemente la investigación, como sostuvo el abogado de la vicepresidenta, Marcos Aldazábal, en una entrevista con una radio Local (750).

“Ni bien se cometió el atentado se supo que Brenda Uliarte tuvo participación directa en el mismo (…) por lo que debía haber sido detenida inmediatamente ante el peligro de fuga pero la jueza Capuchetti puso un patrullero policial en la casa de esta, y curiosamente se fue no se sabe por donde y la ubicaron otros policías en la estación ferroviaria de Retiro, tomándose un tren”.

Por estos días se agravó la situación del segundo de la ex Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, su “consejero”, Gerardo Millman, además diputado de la alianza derechista Cambiemos, ahora Juntos por el Cambio, y sus vínculos con el atentado y la participación del líder de Revolución Federal, Jonathan Morel.

“Cuando empezaron a surgir esas líneas, ahí nos fuimos encontrando con impedimentos en la investigación”, dijo el abogado de la vicepresidenta, asegurando que está probado en la causa que indaga a Revolución Federal en una investigación curiosamente separada y que Capuchetti se negó a integrar como debía ser.

Revolución Federal se creó en mayo de 2022, dos meses antes del atentado, y esto coincide con un financiamiento “explícito e injustificado” del Grupo Caputo Hermanos a Jonathan Morel, líder de esa organización neonazi, agregó el abogado y señaló la necesidad de que ambas causas se unifiquen revelando que también está probada la conexión entre Brenda y Revolución Federal, participando en las violentas marchas de este grupo que colgaban bolsas negras que supuestamente contenían cadáveres o llevaban una guillotina, amenazando con usarla contra la vicepresidenta y otros funcionarios familiares o vinculados, al oficialista Frente de Todos.

Dijo Alsazábal que lo había impresionado desde el comienzo de la investigación la total falta de capacidades técnicas del juzgado para investigar un atentado de estas características, muy poco profesional y profesionalizado" y agregó que “a partir del impulso que va poniendo la querella, van surgiendo cada vez más indicios y pruebas. Aún con todo lo que mencionamos antes, sabemos más que el primer día".

Ahora hay un importante libro que apareció en estas horas “Muerta o Presa, la trama violenta detrás del atentado” de Irina Hauser periodista de Página 12 especialista en el tema jurídico y está en forma permanente en los tribunales de Comodoro Py, al que llaman el “nido de los jueces del Partido Judicial”.

Por su parte la vicepresidenta subió a su cuenta de Twitter un documental preparado por la Cámpora sobre el intento de magnicidio; y por otro, un video que había enviado Juan Graboi

"La bala que no salió y el fallo que sí saldrá" es el documental de la organización de la juventud que conduce Máximo Kirchner, utilizando un significativo titular del periódico opositor Clarín donde decía esa frase. Esto adelantando ya que se preparaba la condena, sin prueba alguna de dos fiscales, Diego Luciani y Sergio Mola, amigos de Macri, que condenaban a la vicepresidenta a prisión y la dejaban proscrita de toda participación política hasta el final de sus días. Todo esto sobre una causa falsa.