Bogotá. El presidente Gustavo Petro denunció que hay quienes sueñan con tumbar al gobierno recogiendo dinero de grandes empresarios españoles para tal propósito y les advirtió que desistan porque estarían comenzando una nueva era de violencia en Colombia.

Ante un auditorio de campesinos a los que el gobierno entregó tierras en el municipio de Carmen de Bolívar, el jefe de Estado recordó varios episodios de la historia nacional que desembocaron en décadas de violencia y tildó de brutos a quienes, según dijo, se van a España a ver cómo se tumba al gobierno del cambio.

Tras insistir en que hay sectores de la oposición política y del empresariado que buscan dar un golpe blando, Petro hizo un llamado a las bases populares que contribuyeron a su victoria en junio de 2022: El campesinado sabe qué tiene que hacer, la juventud popular, el pueblo trabajador ya saben qué tienen que hacer.

Sin mencionarlos con nombre propio, el presidente exhortó a los presuntos conspiradores a abandonar su estrategia recordando que ya lo probaron cuando bombardearon cooperativas campesinas en los Andes, ya cuando asesinaron a Jorge Eliécer Gaitán (9 de abril de 1948) y, ¿cuánto costó ese asesinato?

En una atmósfera festiva, en la que se entregaron títulos de propiedad a centenares de familias campesinas sin tierra en una de las regiones más golpeadas por la violencia, el mandatario colombiano defendió su programa de reforma agraria y sostuvo que si los dueños de latifundios improductivos no acatan el precepto constitucional de que la tierra tiene una función social, el Estado debe hacerlo cumplir.

Si el tenedor no quiere cultivar la tierra, entonces se le ayuda, se le compra, o incluso, dice nuestra Constitución, se le expropia, planteó el mandatario.

Reformas espinosas para la oposición

El espinoso tema de la propiedad de suelo agrícola, junto al frondoso paquete de iniciativas gubernamentales para transformar el sistema de salud y pensiones, así como los códigos laborales hoy vigentes, han generado un clima de extrema tensión en el que los gremios patronales y los sectores políticos tradicionales, con micrófono abierto en los grandes medios de comunicación, no cesan de alertar sobre los peligrosos caminos que está tomando el gobierno.

Con la lupa puesta sobre cada movimiento, cada palabra e incluso hasta cada silencio de Petro, sus adversarios anuncian el apocalipsis y apelan a conocidos recursos, ya utilizados en otros países, como el de propagar una supuesta locura del presidente, poniendo en tela de juicio sus capacidades mentales y físicas para gobernar.

Hasta se ha impulsado un proyecto de ley en el Parlamento por el ultraderechista partido Centro Democrático, que lidera el ex presidente Álvaro Uribe, para que el jefe de Estado esté obligado a someterse a exámenes médicos y siquiátricos.

Según el analista político Horacio Duque, las denuncias de Petro hacen pensar que lo que está en marcha es un golpe duro, no blando, pues se refiere a una red de empresarios españoles aliados con las oligarquías tradicionales de Colombia para interrumpir el mandato del presidente Petro: un plan que involucra a la derecha internacional.

La ultraderecha internacional

En declaraciones a La Jornada, Duque comentó que la idea del golpe contra Petro ha estado presente en los planes de la ultraderecha desde el mismo comienzo del primer gobierno progresista en la historia reciente del país.

Agregó que la conspiración también tiene un componente jurídico en el que participan altos funcionarios del Estado de origen conservador, como el fiscal general Francisco Barbosa, dedicados a bloquear al gobierno y a empañar con golpes mediáticos su desempeño.

Puso por ejemplo el espectáculo que armó recientemente la Fiscalía alrededor de un asunto conyugal de Nicolás Petro, hijo del presidente, acusado por su ex esposa de haber recibido altas sumas de dinero, supuestamente destinadas a la campaña electoral del entonces candidato Petro, que terminaron en los bolsillos del vástago.

Según Duque, lo mejor que puede hacer el presidente es profundizar las alianzas con otros sectores políticos y fortalecer el movimiento popular para garantizar la gobernabilidad y sacar adelante las reformas que prometió en campaña a los colombianos.