En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora hoy, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamó a las instituciones de seguridad e inteligencia a garantizar el acceso a la información que permita esclarecer lo ocurrido, dar con la suerte o el paradero de las personas desaparecidas y sancionar a los responsables.

“Las víctimas tienen el derecho a la verdad y las instituciones de seguridad e inteligencia deben favorecerlo”, aseveró en un pronunciamiento.

Luego de que en los últimos meses tanto los expertos investigadores que trabajan en esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y las graves violaciones a derechos humanos perpetradas en la llamada guerra sucia han denunciado obstaculización para acceder a archivos militares y de los centros de inteligencia, la ONU-DH destacó que si bien México tiene avances normativos e institucionales, es necesario que los aparatos de seguridad e inteligencia se sumen plenamente a estos esfuerzos y superen las resistencias para colaborar con las instancias especializadas y dotadas de competencia para esclarecer los hechos, buscar a las personas desaparecidas, realizar las investigaciones y transparentar el quehacer gubernamental.

“Las negativas y obstáculos en esta materia, además de socavar los derechos de las víctimas, trastocan el derecho a saber, debilitan la confianza en las instituciones y contradicen lo dispuesto por normas e instrucciones giradas incluso desde las más altas autoridades del Estado”, enfatizó.

Señaló que dichas conductas deben ser sometidas a ejercicios independientes de rendición de cuentas que permitan el oportuno deslinde de responsabilidades administrativas y penales.

El derecho internacional de los derechos humanos, expuso, establece claramente que las autoridades competentes deben disponer de las facultades y recursos suficientes para “acceder a la documentación y demás informaciones pertinentes”.

Con base en dicho estándar, se ha recomendado a los Estados “garantizar que las autoridades encargadas de las investigaciones tengan acceso a toda la información pertinente, incluida la contenida en los registros y archivos de los órganos militares, policiales, de inteligencia y otros órganos de seguridad nacional”.

Jesús Peña, representante adjunto en México de la ONU-DH, indicó que los controles civiles y democráticos sobre los aparatos de seguridad e inteligencia “deben asegurarse, más aún cuando hay evidencia de que sus funciones en ocasiones se han desviado. Dichos aparatos deben actuar conforme a la ley y perseguir fines legítimos”.

La ONU-DH también llamó a preservar la integridad de todos los archivos, registros y bases de datos indispensables para garantizar los derechos de las víctimas.

Recordó que, como lo resaltó el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, en el marco de su informe de misión a México, los registros son importantes “para identificar y visibilizar claramente las distintas formas de desapariciones que ocurren en el país, así como para establecer estrategias eficientes de búsqueda, investigación, atención a víctimas y erradicación de este flagelo. Los registros deben también contribuir de forma esencial a la prevención de las desapariciones.”[3]

La ONU-DH se sumó también a las muestras de solidaridad expresadas desde diferentes ámbitos y reitera su compromiso de seguir trabajando en favor de los derechos de las víctimas, fomentar su derecho a la participación y promover su seguridad y protección, obligaciones primarias a cargo del Estado.

Asimismo, alentó a la sociedad en su conjunto a expresar su respaldo, solidaridad y empatía a las víctimas de desapariciones en un Día Internacional tan relevante para México y la humanidad.