La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de la Unión hacer antes de que termine el año las reformas necesarias para promover la inversión y el desarrollo de la industria cinematográfica, luego de que en noviembre de 2020 se ordenó la desaparición del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), como parte de la extinción de 374 fideicomisos, dispuesta para hacer ahorros en el presupuesto federal.

La Segunda Sala de la SCJN abordó este tema por primera vez en abril pasado, en ese entonces se rechazó por mayoría de tres votos un proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, que proponía avalar la desaparición de Fidecine. Por ello, el asunto fue returnado, con la instrucción de hacer un nuevo proyecto en el sentido de la mayoría, es decir, otorgar el amparo para que este mecanismo de fomento no desaparezca.

El amparo fue promovido por la productora de cine Springall Pictures, y contó con el apoyo de cineastas como Guillermo del Toro, Juan Mora Catlet, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, quienes firmaron una carta a favor de revivir el esquema de financiamiento.

El nuevo proyecto, que fue aprobado este miércoles con el voto de tres de los cuatro ministros presentes en la sesión, no obliga estrictamente a revivir al Fidecine, pero sí a hacer reformas las leyes para restablecer mecanismos que cumplan con la misma función.

“Lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que el Congreso de la Unión cumpla cabalmente con la obligación establecida en la última parte del párrafo décimo segundo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en consecuencia, proceda a subsanar las deficiencias de la actual Ley Federal de Cinematografía, reconociendo expresamente el derecho al fomento y promoción permanentes de la industria cinematográfica nacional, en los términos y condiciones de política pública que estime convenientes, antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones correspondiente al año dos mil veintitrés”, señala el proyecto aprobado, que fue elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán.

El argumento de la decisión es que el cine es una expresión cultural, protegida por el artículo 4º de la Constitución, y por lo tanto es obligación del Estado fomentarla, que es preciso garantizar en la ley “con el fin de garantizar plenamente el ejercicio del derecho al acceso a la cultura y de que no quede como una simple prerrogativa declarativa o expectativa, carente de los mecanismos que permitan su cabal cumplimiento”, señala el proyecto.