Ciudad de México. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en contra del municipio de Acapulco de Juárez, así como de administradores y ejecutivos de la inmobiliaria Opción Paquimé, por presuntas anomalías en la construcción del Conjunto Habitacional Pedregal de Cantaluna.

La semana pasada el instituto informó que las autoridades de protección civil determinaron que más de 400 viviendas quedaron inhabitables, tras el sismo del 7 de septiembre de 2021.

Con la acción legal se busca que se investigue, se establezcan responsabilidades y se ejerza acción penal por la “la inadmisible construcción” de edificios de tres y cuatro niveles en una zona de “riesgo sísmico alto”, cuando el máximo autorizado es de dos niveles, de acuerdo con el Plan Director Urbano de la Zona Metropolitana de Acapulco de Juárez

El instituto señaló que también deberá la fiscalía estatal deberá indagar las anomalías en la construcción de las viviendas, como la deficiencia en la calidad de los materiales de construcción y falta de supervisión técnica en la edificación del conjunto habitacional.

De igual forma, señaló, la emisión ilegal de licencias de construcción por parte del municipio de Acapulco, Guerrero.

La denuncia también se presentó contra el director responsable de obra y corresponsable del fraccionamiento Cantaluna, construido en 2015.

El Infonavit instó a las autoridades ministeriales a realizar las investigaciones correspondientes, ya que las conductas antes descritas constituyen “hechos que la ley señala como delito”. Agregó que la denuncia fue recibida por Gabriel Alejandro Hernández Mendoza, vicefiscal de investigaciones, quien asignó la carpeta de investigación a Delitos Graves.

La semana pasada, el instituto informó que su Consejo de Administración resolvió cancelar la deuda de los acreditados de Pedregal de Cantaluna, la cual tenía un saldo total superior a los 140 millones de pesos.

También se aprobó crear un mecanismo para que las personas puedan obtener un crédito, al menos del mismo monto del que fue cancelado, a fin de comprar vivienda o terreno en cualquier parte del país.