El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el nuevo funcionario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Ricardo Márquez Blas, ex colaborador de Genaro García Luna y quien fue contratado por la ministra presidenta Norma Piña, gana más que el propio mandatario, con un sueldo mensual de 122 mil pesos más una gama de prestaciones pagadas con dinero del presupuesto público.
En la mañanera de este lunes, una vez más se le preguntó al mandatario sobre el presupuesto del próximo año para el Poder Judicial (PJ). Así, indicó que actualmente “violan” la Constitución pues se ampararon para ganar más que el presidente de la República, y ejemplificó que el recién contratado por la ministra Piña, el ex colaborador del ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública en tiempos de Felipe Calderón, García Luna, hoy preso en Estados Unidos por vínculos con el crimen organizado, tiene un alto salario, contratación de la que La Jornada dio la primicia la semana pasada.
“Ricardo Márquez Blas, lo acaba de nombrar la presidenta de la Corte, es coordinador de fortalecimiento institucional, o sea va a apuntalar al PJ. Sueldo: tabulador mensual, 174 mil pesos brutos, y 122 mil mensuales (ya descontados los impuestos). Miren las prestaciones: aguinaldo, vacaciones, prima vacacional; asignaciones adicionales: prima quinquenal, aportaciones al Fovissste, depósito para el ahorro solidario, seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizado, esto todos, del Ejecutivo, nos quitamos, estaban para el Ejecutivo, todos nos quitamos; seguro de vida personal, seguro colectivo de retiro, otras prestaciones, apoyo de anteojos o lentes graduados, estimulo por jubilación, pago de defunción , licencia prejubilatoria, estimulo del día del padre, ayuda por incapacidad médica permanente, estimulo por antigüedad, ayuda de gastos funerarios”.
El jefe del Ejecutivo destacó que el caso de Márquez Blas se trata de un servidor público de nivel medio. “Los ministros tienen muchísimo más que esto. Porque ademas de esto, de su presupuesto, tienen un fideicomiso, un guardado los del PJ, de 20 mil millones de pesos”.
Volvió a criticar “los excesos” financieros dentro del Poder Judicial (PJ) y llamó al Poder Legislativo a que, con base en sus atribuciones constitucionales, analice el presupuesto del próximo año para el PJ; e insistió en la necesaria reforma a ese poder, que incluya que jueces, magistrados.
Sin embargo, se dijo seguro que aun cuando se pudiera concretar esa reforma, los miembros del PJ no lo aceptarían. Inclusive, “les puedo garantizar que si el Congreso les recorta el presupuesto (para 2024), se van a amparar, no van a obedecer la Constitución, y van a tener el apoyo de los conservadores y de la mayoría de los medios de comunicación. Pero, ¿quién tiene la última palabra? El pueblo, y vienen elecciones”.
Recordó que el ministro Luis María Aguilar es otro ejemplo que el PJ no trabaja para el pueblo, pues mientras ha archivado en su gaveta por ocho meses el expediente del adeudo de una empresa —Elektra, de Ricardo Salinas Pliego— por 25 mil millones de pesos en impuestos, pero de manera inmediata concedió sendos amparos a los gobiernos de Chihuahua y Coahuila para que no se entregaran los libros de texto gratuitos.
