Bogotá. Rodrigo Granda siente que está cumpliendo con un oficio que jamás pasó por su mente: el de sepulturero. Durante sus casi cuarenta años en la guerrilla le vió muchas veces el rostro a la muerte y cuando le apostó a la paz, lo hizo convencido de que vendrían para Colombia los tiempos de la vida.
En la actualidad es el delegado de su partido en la comisión de seguimiento y verificación de los acuerdos de paz pactados en 2016, pero además de trabajar para que se cumplan lo firmado entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Estado, se pasa media vida denunciando la ola de asesinatos contra ex combatientes que amenaza con convertirse en un tsunami de sangre.
Al comenzar esta semana, Granda recibió la noticia de que Neftalí Orobio Venté se convertía en en el firmante de paz número 396 que caía asesinado tras la suscripción de los acuerdos de paz, hecho ignorado por la gran mayoría de los medios de comunicación. “Lo que se vuelve “normal”, deja de ser noticia”, apunta Granda.
El cadáver de Orobio fue encontrado cerca de un caserío llamado Santa Bárbara, en el sureño departamento de Nariño, donde lideraba un proyecto productivo piscícola “con el cual buscaba un mejor futuro para su madre, tres hermanos y dos hijos menores de edad”, según reza en la denuncia hecha hoy por la Corporación Nacional de Reincorporación Comunes.
Un ex combatiente asesinado por semana durante siete años seguidos debería ser motivo suficiente para que el gobierno y la sociedad colombiana encendieran sus alarmas y buscaran cómo detener una matazón que evoca sin remedio el genocidio del que fue víctima el partido de izquierda Unión Patriótica, cinco mil de cuyos militantes fueron aniquilados a lo largo de tres décadas por cuenta de una tenebrosa alianza entre grupos paramilitares y agentes del Estado.
Sin embargo, Granda se muestra desolado ante la indiferencia que reina alrededor de los crímenes, casi todos aún cubiertos por el manto de la impunidad.
“Lo peor es que no sólo nos están matando, sino que miles de ex combatientes y sus familias viven un clima permanente de hostilidad que los obliga a desplazarse de los espacios territoriales donde nos agrupamos desde 2016 para hacer nuestra reincorporación a la vida civil”, dice Granda a La Jornada en una conversación cargada de rabia e impotencia.
Menciona dos recientes desplazamientos masivos de ex combatientes en espacios que ocupaban en el departamento del Meta que obligaron a unas mil familias a dejar lo poco que habían logrado tras su desmovilizacion, para volver a los días de la incertidumbre vivida durante los gobiernos de Iván Duque y Juan Manuel Santos.
“En los últimos meses la violencia contra Comunes se ha recrudecido”, afirma Granda, alguna vez calificado mediáticamente como el “canciller de las Farc” por las tareas internacionales que le asignaron a comienzos del presente siglo.
