Ciudad de México. El ex director general Jurídico y de Gobierno de la entonces delegación Benito Juárez, Luis Vizcaíno Carmona, obtuvo la suspensión definitiva que le concedió un juez de distrito, contra el auto de vinculación a proceso y prisión preventiva que le dictó un juez de control de la ciudad de México el pasado 14 de julio, por los delitos de del orden común cometidos por o contra servidores públicos locales, dentro de la carpeta judicial 008/395/2023.

El Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, le otorgó la medida cautelar contra la determinación del juez de control del Sistema Procesal Penal acusatorio en la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial ocho del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, sin embargo, la sentencia no quiere decir que recupera la libertad.

“Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se resuelve: Se concede la suspensión definitiva solicitada por el quejoso contra los actos reclamados a las autoridades señaladas en el resultando primero por los motivos expuestos en el considerando único de esta interlocutoria” señala el resolutivo del juez quien soló dio a conocer el sentido de su sentencia, pero no hizo público el expediente con las razones.

Es el segundo juicio que enfrenta el ex funcionario. En agosto del año pasado fue procesado por su probable participación en el delito de enriquecimiento ilícito.

La semana pasada, el impartidor de justicia le concedió la suspensión provisional a Vizcaíno Carmona contra dichos actos reclamados, sin embargo, a pesar de que las autoridades capitalinas impugnaron el fallo, un tribunal colegiado declaró infundado el recurso de queja.

En el proceso que enfrenta por enriquecimiento ilícito, el ex funcionario, quien fue detenido a finales de julio de 2022 por elementos de la policía de investigación en la colonia Del Valle, presuntamente formaba parte del llamado cartel inmobiliario en Benito Juárez, ya que la Fiscalía General de Justicia lo acusa de haber recibido 69 millones de pesos de dos empresas inmobiliarias entre 2015 y 2016, al realizar posibles extorsiones y supuestos intercambios de favores al margen de la ley, con lo que habría logrado enriquecerse al someter a la alcaldía a sus propios intereses.