Ciudad de México. Los subsidios a los combustibles fósiles en el mundo sumaron el último año 7 billones de dólares, monto que equivale a 7.1 por ciento del producto interno bruto (PIB) global, reveló el Fondo Monetario internacional (FMI). La trasferencia superó el gasto global en educación y fue equivalente a dos terceras partes del presupuesto mundial para la salud, según el reporte, publicado esta semana. Las subvenciones al carbón, gasolinas, diésel y gas natural aumentaron debido al apoyo que los gobiernos brindaron por el encarecimiento de la energía a nivel global por el fin del confinamiento tras la pandemia y la guerra en Ucrania.

El informe del FMI indica que los subsidios explícitos, que se refieren al cobro inferior a los costos de suministro, representan 18 por ciento del total, mientras los subsidios implícitos, lo cuales se relacionan con el cobro inferior a los costos ambientales que calcula el organismo y los impuestos al consumo no percibidos, representan 82 por ciento.

Detalla que las subvenciones explícitas se han más que duplicado al pasar de 0.5 billones de dólares en 2020 a 1.3 billones de dólares en 2022, con precios internacionales de los combustibles fósiles marcadamente más altos.

Medidas temporales

Gran parte del aumento observado el año pasado se debe a medidas temporales que aplicaron los gobiernos para estabilizar los precios, por lo que se espera que los subsidios explícitos disminuyan conforme los precios internacionales disminuyan.

El documento subraya que subvalorar el precio de los combustibles fósiles implica que los gobiernos renuncien a fuentes de ingresos necesarios, pero también socava los objetivos distributivos y de reducción de la pobreza, ya que la mayoría de los beneficios de la subvaloración van a parar a los hogares más ricos.

Por producto, el subprecio de los petrolíferos representa casi la mitad del subsidio, del carbón, 30 por ciento, y del gas natural casi 20 por ciento; el subprecio de la electricidad representa el resto.

El análisis señala que China es el mayor subsidiador de combustibles, seguido por Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea e India.

En particular, los especialistas del FMI hallaron que existe poca variación en los costos de suministro de gasolinas y diésel en los países estudiados.

Los costos de suministro en 2021-22 fueron de alrededor de 0.70 dólares por litro para ambos combustibles.

Resaltaron que los precios de la gasolina exceden los costos de suministro 50 por ciento o más en todos los países excepto 10, pero en Francia, Alemania, Italia, Reino Unido en más del 100 por ciento.

No obstante, la mayoría de los países aplicaron impuestos más bajos por litro de diésel respecto a las gasolinas, con el fin de contener los precios del combustible para los usuarios comerciales.

Ajuste impositivo

En el caso de México, el precio del diésel y las gasolinas se ubicaron por arriba del costo de suministro.

Destacó que es importante que muchos países revisen los sistemas de impuestos al transporte a medida que vayan eliminando progresivamente los vehículos de gasolina y diésel.

El FMI consideró que reformar los precios de los combustibles fósiles mediante la eliminación de subsidios explícitos e imponer impuestos correctivos, como un impuesto al carbono, reduciría las emisiones globales de dióxido de carbono (CO₂) 43 por ciento por debajo de los niveles habituales en 2030.

Esto estaría en consonancia con mantener el calentamiento global muy por debajo de 2 grados Celsius y hacia 1.5 grados, indicaron.

Destacó que la reforma en los precios de la energía debe ir acompañada de la asistencia a los hogares de menores ingresos, para limitar los costos fiscales y no estar relacionada con el consumo de energía.

Además, explicaron, un cambio en los precios de los combustibles también generaría ingresos sustanciales por un valor aproximado de 3.6 por ciento del PIB mundial. Sugirieron que dichos ingresos pueden utilizarse para sostener la deuda, reducir impuestos o financiar inversiones productivas.

La caída de los precios de la energía es una oportunidad para fijar el precio del carbono y de las emisiones locales de contaminación del aire sin elevar los precios de la energía.