Pekín. La Secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, llegó a Pekín a última hora del domingo para una visita de cuatro días, destinada a impulsar los lazos comerciales entre las dos mayores economías del mundo, pero advirtió que las medidas comerciales de seguridad nacional de Estados Unidos están fuera de debate.
Previo al viaje Raimondo dijo que desea hallar “pasos realistas y concretos donde podemos avanzar en la relación comercial”, pero ofreció pocos detalles. Uno de los temas a tratar será la promoción de los viajes de ciudadanos chinos a Estados Unidos, y Raimondo recordó que recientemente se levantaron las restricciones a las visitas de grupos grandes de chinos a Estados Unidos.
Los republicanos del Congreso han criticado la posibilidad de que Raimondo establezca un grupo de trabajo con China durante la visita para discutir los controles a la exportación de semiconductores estadunidenses.
Raimondo no confirmó los planes para ningún grupo de trabajo, pero subrayó que diría a los funcionarios chinos que “cuando se trata de seguridad nacional, no negociamos. No hacemos concesiones. No transigimos”.
“Si se quisiera poner un eslogan al viaje y a la misión, sería proteger lo que debemos y promover lo que podamos”, declaró Raimondo a la prensa antes de partir hacia China.
Raimondo, que fue recibida a su llegada por Lin Feng, funcionario del Ministerio de Comercio chino, mantendrá reuniones bilaterales con funcionarios chinos el lunes y el martes en Pekín antes de dirigirse a Shanghái. La acompañará el embajador de Estados Unidos en China, Nicholas Burns.
La visita de Raimondo sigue a las efectuadas por el secretario de Estado, Antony Blinken; la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y el enviado especial de la Casa Blanca para el cambio climático, John Kerry.
Las relaciones son tensas mientras Estados Unidos trabaja con sus aliados para bloquear el acceso de China a semiconductores avanzados, mientras Pekín restringe los envíos de la destacada empresa de chips Micron Technology y allana y multa con 1.5 millones de dólares a la empresa estadunidense Mintz Group por realizar “trabajos estadísticos no aprobados”.
