Magistrados investigadores ordenaron este viernes que el ex presidente francés Nicolas Sarkozy y otras 12 personas vayan a juicio debido a que su campaña presidencial de 2007 recibió millones en financiación ilegal del gobierno del fallecido líder libio Muammar Kadafi.
El fiscal nacional de finanzas, Jean-François Bohnert, anunció que la pesquisa que duró una década ha concluido formalmente. El juicio se realizará de enero a abril de 2025, según el comunicado.
El caso es el mayor y más impactante de las múltiples investigaciones de corrupción que involucran a Sarkozy. Ya ha sido condenado en otros dos. Él niega haber actuado mal en todos los casos.
En el caso de Libia, se le acusa de financiación ilegal de campañas, malversación de fondos, corrupción pasiva y cargos relacionados.
Sarkozy ha estado bajo investigación en el caso de Libia desde 2013. Los investigadores examinaron las acusaciones de que el gobierno de Kadafi le dio en secreto a Sarkozy 50 millones de euros para su campaña ganadora de 2007. La suma sería más del doble del límite legal de financiación de campañas en ese momento y violaría las normas francesas contra la financiación extranjera de campañas.
La pesquisa cobró fuerza cuando el empresario franco-libanés Ziad Takieddine dijo al sitio de noticias Mediapart en 2016 que había entregado maletas desde Libia que contenían 5 millones de euros (6.2 millones de dólares) en efectivo a Sarkozy y su exjefe de gabinete. Posteriormente, Takieddine se desdijo y Sarkozy intentó cerrar la investigación.
Después de convertirse en presidente en 2007, Sarkozy dio la bienvenida a Kadafi a Francia con altos honores ese mismo año. Luego, Sarkozy puso a Francia a la vanguardia de los ataques aéreos liderados por la alianza militar OTAN que ayudaron a los combatientes rebeldes a derrocar al gobierno de Kadafi en 2011.
En un caso no relacionado, Sarkozy fue condenado a un año de arresto domiciliario por financiación ilegal de la campaña de su fallido intento de reelección de 2012. Se encuentra en libertad mientras el caso está pendiente de apelación.
También fue declarado culpable de corrupción y tráfico de influencias en otro caso y sentenciado a un año de arresto domiciliario en un juicio de apelación en mayo de este año. Llevó el caso al principal tribunal de Francia, que suspendió la sentencia.
