En una nueva crítica al Poder Judicial, López Obrador consideró que es una instancia que se encuentra secuestrada por los potentados y las élites económicas; que viola la Constitución con salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por arriba de las percepciones del Presidente y que mantiene privilegios mediante un fideicomiso de 20 mil millones de pesos.

Aunque subrayó que será la Cámara de Diputados la que, en su momento, determine si se aplica un recorte al presupuesto del Poder Judicial para 2024, como lo han adelantado legisladores morenistas, deslizó su aval claramente: “nada más, si van a hacer un ajuste, que dejen –esa es una opinión– lo sustancial, que no se afecte todo lo que tiene que ver con los procesos judiciales, sino que hay que quitarle el copete de privilegios. Ya no está de moda, ¿verdad?, lo de los copetes, se pueden cortar el copete de privilegios, nada más una tusada al copete”.

Para López Obrador se necesita ser caradura y cínico e insensible, para asumir un salario de casi 700 mil pesos, cuando la mayoría de la población carece de dinero hasta para adquirir lo más indispensable. “¡Cómo un impartidor de justicia va a hacer eso! Y luego salen con el cuento: ‘Es que así no se corrompen’, como si dinero no llamara a dinero”.

Mostró la cronología del proceso para ordenar la suspensión de libros de texto en Chihuahua y en Coahuila, que en un caso no pasó de 48 horas hábiles desde que se le turno el expediente, asignación que también fue cuestionada por López Obrador en el recurso de Coahuila.

Más adelante, fue mucho más explícito al exponer su inconformidad con las resoluciones en torno a esos materiales escolares : ¿no quieren que se distribuyan?, nada más que ellos asuman su responsabilidad. ¿Qué van a hacer los niños sin libros? ¿Y qué quieren, que cerremos las escuelas?

Después de esa decisión, dijo que corresponderá a los gobernadores de Chihuahua y Coahuila buscar alternativas en sus entidades y determinar qué respuesta darán a los padres de familia y a los maestros en sus entidades.

Exhortó a realizar una reforma del Poder Judicial apremiándolos a que surja del interior, o, cuestionó, van a seguir aplaudiendo esto. En caso contrario, “deberá ser el pueblo el que purifique, limpie ese poder, hay que empezar por elegir a los jueces, a los magistrados y a los ministros, que no sea la cúpula. Es que los cooptan y los ponen al servicio de los potentados”.

Prioritaria, reforma profunda al Poder Judicial, afirman morenistas

Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Senadores de Morena advirtieron que una de las tareas prioritarias del próximo gobierno es realizar una reforma profunda del Poder Judicial, que además de acabar con lujos y excesos de los integrantes de la Suprema Corte, impida casos como el del ministro Luis María Aguilar, que actúa con celeridad en algunos casos, pero posterga resoluciones de litigios de deudores de impuestos.

En entrevistas por separado, los senadores Napoleón Gómez Urrutia, César Cravioto y Gabriel García Hernández coincidieron en que la decisión que asuma el pleno de la Suprema Corte en torno a la queja del gobierno federal sobre la actuación del ministro Aguilar mostrará si el máximo tribunal está en favor del interés de las mayorías o del lado de intereses particulares.

Lo menos que se puede decir del ministro Aguilar es que es un irresponsable al que no le interesan las finanzas públicas, ya que desde hace meses y meses tiene en su escritorio un expediente de una empresa con un adeudo de impuestos de 25 mil millones de pesos, comentó el senador Cravioto.

Propuso que la Cámara de Diputados descuente ese suma del presupuesto que se asignará al Poder Judicial para 2024. A lo mejor el señor ministro piensa que esa suma millonaria es para el Presidente de la República, pero todos sabemos que los impuestos son parte importante de los recursos que el gobierno federal requiere para educación, salud, programas sociales y todos los demás rubros.

El senador del partido guinda hizo notar que al ministro no le importa que no se cobre esa millonada a la empresa en cuestión, porque él y los demás integrantes de la Suprema Corte gozan de sueldos de más de 250 mil pesos y otras prestaciones cuantiosas y por eso no le apura si el fisco cobra o no a los morosos.

A ver si con ese recorte al Poder Judicial se apuran, por eso les propongo a los diputados que les recorten los 25 mil millones de su presupuesto.

Sobre el tema, el senador García Hernández, quien fue coordinador de los programas sociales en los tres primeros años del gobierno, comentó que el problema de fondo es que desde el Poder Judicial se protegen intereses y se acude a las prácticas dilatorias que impiden a la Secretaría de Hacienda recuperar impuestos.