La decisión de un juzgado de distrito de retirar la prisión preventiva que le permite seguir su proceso en libertad al general en retiro Rafael Hernández Nieto, quien era comandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, durante los hechos del 26 de septiembre de 2014, “es otro fuerte golpe de impunidad que acredita que el Ejército se mexicano se ha convertido en este sexenio en un poder sin contrapesos”, aseveraron las organizaciones que acompañan a los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Los centros de derechos humanos de la Montaña Tlachinollan y Miguel Agustín Pro Juárez, así como Serapaz y Fundar recalcaron que la determinación adoptada por la juez segundo de distrito “muestra un innegable sesgo a favor del Ejército”, ya que –aseguraron– no haber conocido de otros casos de delincuencia organizada donde se otorguen “esta clase de beneficios, explicables sólo por la identidad militar del acusado”.

Señalaron que los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa apenas están conociendo la determinación y en su momento fijarán su postura.

En un pronunciamiento, recordaron que el General Hernández Nieto “es expresamente mencionado en los mensajes de textos intercambiados por narcotraficantes del grupo involucrado en la desaparición de los normalistas”, que muestran, indicaron, que “tenía un trato asiduo de connivencia con la delincuencia organizada”.

Específicamente, “en los mensajes se dice que ‘Voy a ir a telo a traer cosas y ver a coronel nieto para k este bien todo’”, expusieron.

Además de la mención directa por apellido, mencionaron que en esos mensajes “existen otras muchas alusiones al estrecho trato del grupo del crimen organizado Guerreros Unidos con los miembros del 27 y el 41 Batallón de Infantería”, mientras Nieto era comandante al momento de los hechos ocurridos hace casi nueve años.

Las organizaciones anotaron que no es la primera vez que el General “recibe un tratamiento preferencial”.

En agosto de 2022, expusieron, fue acusado de delincuencia organizada y la orden de aprehensión librada en su contra “se suspendió de forma ilegal”.

Luego de casi un año de denunciar esa grave irregularidad, que en su momento motivó la salida de quien fuera fiscal del caso, las familias de los normalistas con el acompañamiento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) evidenciaron que esta decisión había sido ilegal.

La orden se ejecutó finalmente, siendo detenido el General el 6 de julio de 2023; posteriormente, se le dictó auto de formal prisión. Sin embargo, en audiencia celebrada el pasado 20 de agosto, la juez Raquel Ivette Duarte Cedillo cambió la medida cautelar por ser inconvencional, y argumentó que la Fiscalía General de la República (FGR) no logró justificar la necesidad de cautela en contra del general. Por ello el General enfrentará su proceso en prisión domiciliaria.

Las organizaciones apuntaron que el Ejército “obstaculiza impunemente” el esclarecimiento de los casos de violaciones de derechos humanos, como lo hizo la negativa castrense a entregar los documentos requeridos por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), según ha denunciado el grupo de expertos reiteradamente.