Mexicali, BC. Por mayoría calificada, el Congreso de Baja California designó a María Elena Andrade como persona titular de la Fiscalía General del Estado, tras la renuncia de Ricardo Iván Carpio Sánchez, primer fiscal de la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Electo por un periodo de seis años, el 1 de noviembre de 2019 fue designado Guillermo Ruiz Hernández, abogado y compadre del entonces morenista Jaime Bonilla Valdez, renunció al tomar posesión la gobernadora Ávila Olmeda, también de Morena, por lo que inició un proceso para seleccionar a quien se hiciera cargo de la procuración de la justicia en la entidad.
Andrade formó parte de la terna que envió la gobernadora al Congreso del Estado, cuya elección se dio en una sesión extraordinaria en la que participaron 24 diputados, de los cuales 18 votaron a favor de su designación y aprobaron el Dictamen 94 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, mientras que se abstuvieron los tres diputados del PAN, los dos bonillistas y la de Movimiento Ciudadano.
Dentro del proceso parlamentario, se celebraron el domingo 20 de agosto las entrevistas de los aspirantes Andrade Ramírez, Rafael Orozco Vargas y José Antonio Lozano Blancas, quienes además presentaron su propuesta de trabajo ante los legisladores locales.
Hasta este martes, Andrade era comisionada del Sistema de Centros Penitenciarias del gobierno estatal y fue directora de Seguridad Pública en el trienio como alcaldesa de Mexicali de Marina del Pilar Ávila Olmeda. En el sexenio del panista José Guadalupe Osuna Millán (2007-2013) fue subprocuradora de Justicia del Estado, periodo en el que se instrumentó el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Mexicali en 2010. A nivel federal integró el equipo para instrumentar este sistema penal acusatorio.
En su proyecto “La justicia como derecho humano”, Andrade Ramírez propuso crear una Fiscalía Especializada en Investigación en Desaparición Forzada de Personas, uno de los principales delitos en la entidad, por lo que el plan incluye el acercamiento y acompañamiento a familiares de las víctimas.
También buscará fortalecer la Unidad de Investigación de Delitos contra la Vida y la Integridad, especializada en homicidios dolosos, en la que se ponderarán los mecanismos de inteligencia para la detención de “objetivos de alto impacto” que prioricen acciones contra mandos medios y altos en las organizaciones criminales, toda vez que los miembros de menor rango son reemplazables.
En el documento que incluye la definición de la Política Criminal sustentado en estrategias de seguridad pública, procuración y administración de justicia, ejecución penal y sistema penitenciario, se compromete a reforzar la atención a delitos del orden común relacionados con casas de empeño y recicladoras y fortalecer la trilogía investigadora compuesta por fiscales, agentes investigadores y peritos.
La abogada consideró los programas “Fiscal Enlace Contigo” y la atención a mujeres y grupos vulnerables.
