La Ciudad de México es la entidad con el mayor porcentaje de incidencia de violencia obstétrica, que tiene un impacto diferenciado en las mujeres al depender del acceso a la salud, afirmó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández.

“Cuatro de cada 10 mujeres refieren ser víctimas de esto”, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Destacó que de 2016 a 2021 no se ha incrementado esta violencia, se mantiene igual, pero se ha normalizado y naturalizado, y las estadísticas se quedan cortas, lo que ha derivado en la emisión de 13 Recomendaciones sobre violencia obstétrica.

Las primeras investigaciones, argumentó, se referían a la violación del derecho a la vida, pero “se ha ampliado la visión al incorporar en las últimas Recomendaciones la gradualidad de violación a una vida libre de violencia y la integralidad con más”.

Al comentar el libro “Violencia en las salas de parto: Un acercamiento a la violencia obstétrica en Zacatecas”, se pronunció por emprender una batalla en contra de la naturalización de la violencia obstétrica.

Hay que defender que ninguna mujer, desde donde esté, ni ninguna persona gestante, tenga que ser víctima de esta violencia institucional y socialmente normalizada, afirmó.

La coautora del libro y ex titular de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Zacatecas, María de la Luz Domínguez Campos, señaló que a nivel estatal y nacional las mujeres son altamente vulneradas de manera sistemática en sus derechos humanos, al no recibir atención obstétrica respetuosa, digna, de calidad y sin violencia.

Se pronunció por la necesidad de avanzar hacia la construcción de un marco normativo que garantice partos humanizados y el respeto a la condición de las mujeres al momento del alumbramiento, en la intersección de los derechos humanos de las mujeres con su derecho a la salud.

La senadora Martha Tagle Martínez reconoció que es necesario legislar en la materia, y enfatizó que la falta de denuncias es porque sigue prevaleciendo la visión medicalizada, donde los profesionales de la salud tienen la última palabra y las mujeres son ajenas a un parto humanizado y libre de violencia obstétrica.

Flor de María Sánchez, especialista en salud pública, recordó que este tema se estudia desde hace por lo menos 30 años como problema de salud pública, sociocultural, de género y donde las pacientes mujeres ocupan el nivel más bajo en el sistema de atención a su salud.

Mientras, la médica cirujana y partera, María Esther Jandette Chávez, afirmó que la violencia obstétrica la viven tanto hombres como mujeres y “el bebé que está en la pancita”, la cual se ha ido incrementado con el correr de las décadas.