Yadira Medina Alcántara, titular del juzgado tercero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, aseguró que el proceso para la integración e impresión de los libros de texto gratuitos fue ilegal, ya que no fueron elaborados conforme a los planes y programas vigentes.

Además, determinó que las autoridades educativas federales sometan a “deliberación democrática” los ejemplares pedagógicos para el próximo ciclo escolar 2024-2025.

En la sentencia de amparo que le concedió a la Unión Nacional de la Padres de Familia (UNFP) esta semana, la juez argumentó que el material didáctico primero se imprimió, luego se aprobaron y posteriormente la SEP divulgó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el plan de estudio para educación prescolar, primaria y secundaria, así como los programas sintéticos que se impartirán a 24.4 millones de niños y adolescentes en todo el país.

“El procedimiento utilizado por las autoridades carece de relevancia jurídica, ya que primero se imprimieron los libros y posteriormente se aprobaron y después se aprobó y ordenó la publicación de dichos programas de estudio cuando esto último debe realizarse primero, porque aquéllos -libros de texto-se deben ajustar a los programas de estudio; y no a la inversa”.

Sostuvo que este punto es de relevancia mayúscula porque la previsión de que dichos materiales estén a disposición en el momento del inicio escolar que comienza el 28 de agosto, no significa que todo se elabore y apruebe con días antes de aquella fecha, porque ello presupone que se siga el procedimiento respectivo en los términos ya indicados, de modo que garantice la participación de todos los actores públicos y sociales, tales como las autoridades federal y de las entidades federativas, así como de las personas progenitoras o tutoras, y delas organizaciones sociales y demás especialistas en materia educativa.

Prevén propuestas de programas por autoridades locales

La impartidora de justicia detalló que el seguimiento lógico de dicho procedimiento prevé que se propongan programas por autoridades locales, los cuales integrarán los planes provisionales que, precisamente, se pondrán a discusión pública (incluso como lo realizaron las autoridades responsables), para después, aprobados los programas definitivos, se elaboran, editen e impriman los libros de texto, ya sí se pongan a disposición de la sociedad.

“De esta forma, las actividades desplegadas por las autoridades educativas conllevarán a que los planes y programas de estudio no se materialicen y se inobserven los objetivos constitucionales en materia educativa en perjuicio de los educandos; aunado a que deja en inseguridad jurídica a sus destinatarios, pues no se tiene certeza de que la educación impartida a los niños, niñas y adolescentes, sea acorde con los principios y fines constitucionales y legales” reiteró.

Pero no sólo eso, además dijo que las autoridades educativas “no probaron que capacitaron a los docentes de todo el país para que conocieran dicho plan y que integraron dichos planes conforme a las formalidades respectivas como la propuesta de cada entidad federativa, en su caso, acorde con el proyecto educativo de La Nueva Escuela Mexicana que prevé una educación global, contextual y comunitaria”.

La togada concluyó que las autoridades responsables no ajustaron su actuar a las disposiciones normativas en materia de educación, ni siguieron el procedimiento previsto en dichas normatividades, vulnerando el derecho a la educación e interés superior de la niñez.

“No se tiene certeza de que el ciclo escolar 2023-2024 se ajustará al plan de estudios denominado La Nueva Escuela Mexicana, autorizado por la Secretaría de Educación Pública, ni que los libros de texto gratuito que serán utilizados para la docencia se ajusten a los planes y programas de estudio vigentes”.