Entre 6.3 y 7.5 millones de familias en el país han tenido que “optar por irse a un asentamiento irregular”, precisó José Alfonso Iracheta Carroll, director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), quien explicó que esto ocurre debido a la falta de posibilidades de contar con una vivienda en las zonas urbanas.
Al presentar la Estrategia Nacional de Gestión del Suelo (Ensuelo), expuso que el propósito de este esquema es generar una oferta de suelo y vivienda adecuada en las ciudades de todo el país, y está dirigida principalmente a personas de menores ingresos, a través del diseño y desarrollo de proyectos integrales, que contemplen vivienda, espacio público, actividad económica, equipamientos urbanos y servicios.
En conferencia de prensa detalló que en México, aproximadamente “30 millones de personas” habitan en áreas que “no son adecuadas, y que eran zonas productivas, ejidales, de salvaguarda o de derechos de vías, pero es la única alternativa que tienen, entonces van a vivir allí, y pasadas las décadas llega el drenaje, la luz y finalmente el título de propiedad”. Antes de eso pueden pasar “10, 20, 30, 40 o 50 años, y sabemos de casos así, y que quien nace en un asentemiento irregular difícilmente va a vivir fuera de éste”.
Detalló que las familias no encuentran dónde vivir en la urbes, principalmente porque “el suelo es muy caro en la ciudad, y cuando hay son demasiado caras o el financiamiento no les alcanza. Así la consecuencia de esto, es que se van a vivir a la periferia, normalmente a zonas irregulares”.
En el nuevo plan se buscará “redensificar las ciudades, es decir aprovechar los espacios vacíos” dentro de la urbe e “impulsar centros integrales de desarrollo urbano, en donde se atienda a buena parte de la necesidad de suelo y vivienda, es un mecanismo autofinanciable que da espacio a todos los que buscan vivienda, con énfasis en familias con menores ingreso, pero también para clase media y media alta”.
De acuerdo con datos del Inegi (2019), del total de la población urbana en condiciones de pobreza (casi 20 millones de personas), 61 por ciento reside en barrios irregulares marginados en ubicaciones inadecuadas, con escasa o nula disponibilidad de servicios básicos y oportunidades de empleo, debido a que la oferta de suelo y vivienda en las ciudades es muy cara y deja a muchas familias sin alternativas formales para tener un lugar en donde vivir.
“Con esta nueva forma de hacer ciudad para todos, que se deriva de la Política Nacional de Suelo (PNS), las personas que suelen ser desplazadas hacia la periferia ahora podrán asentarse en un suelo bien localizado dentro de la ciudad, con costos adecuados a su capacidad de pago y con certeza jurídica que proteja el patrimonio de las familias”, declaró Iracheta Carroll, director General de Insus.
Explicó que con ello se recupera la función social y ambiental de la propiedad del suelo, ya que se establece una ruta para ordenar el crecimiento de las ciudades, generando círculos virtuosos al propiciar la integración social de las familias de bajos recursos dentro de la ciudad. Asimismo, les ofrecerá oportunidades de desarrollo, a través del acceso al espacio público, a equipamientos urbanos, tales como escuelas, hospitales o mercados; lo que dará un impulso económico a las zonas donde se asienten y permitirá la creación de empleos para sus habitantes.
Se dio a conocer el proyecto del municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, que es un ejemplo de lo que busca la estrategia, en el cual hay participación de los tres órdenes de gobierno, de la iniciativa privada, sociedad civil, comunidad y especialistas. “Este primer proyecto tendrá una inversión inicial estimada en 500 millones de pesos”. Además, precisó Iracheta Carroll, en paralelo a este proyecto de San Luis Río Colorado, se están realizando las gestiones necesarias para próximamente extender Ensuelo a otros estados: Michoacán, estado de México, Baja California Sur, Oaxaca y Querétaro.
Francisco Javier Aguilar García, director general de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda de la Sedatu, explicó que Ensuelo se suma a los esfuerzos que lleva a cabo la secretaría y que, además se entrelazan con el Programa Nacional de Vivienda (PNV) y la PNS, cuyos principales retos consisten en: recuperar la función social y ambiental de la propiedad del suelo; gestionar suelo apto y bien localizado con sentido social; así como promover la regulación y financiamiento para el desarrollo urbano.
Este nuevo modelo, indicó Gerardo Fernández Peña, gerente de Infraestructura Urbana Sostenible de Banobras, contará con el apoyo de la banca social, ya que es un proyecto financieramente viable y con un objetivo social claro, que logra reducir la carga presupuestal para el Estado, haciendo valer el derecho constitucional a la ciudad y a la propiedad del suelo, al priorizar las necesidades de la población en situación de riesgo y rezago social.
Alejandra Castro Valencia, subsecretaria de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano de Sonora, destacó la importancia que Ensuelo tiene para su estado, “la implementación de la estrategia en San Luis Río Colorado marcará un modelo a seguir para el desarrollo y la gestión del suelo en el estado, para apoyar las políticas urbanas y de vivienda del estado, e incidir en el dinamismo económico y social de la región, al brindar mejores condiciones de vida, en especial para la población vulnerable“.
El presidente municipal de San Luis Río Colorado, Santos González Yescas, consideró que la nueva centralidad ayudará a detonar el desarrollo social y económico de la parte sur del municipio, caracterizada como la de mayor marginación y crecimiento irregular; “seremos un ejemplo a seguir para la región y esto atraerá mayor inversión en beneficio de los sanluisinos”.
Julio Ortegón, director de Gestión del Suelo del Insus, aseguró que el proyecto de San Luis Río Colorado permitirá al Insus contar con un modelo que se pueda replicar en el resto del país, brindando a las ciudades herramientas prácticas para ordenar sus territorios; contar con suelo y vivienda adecuada para todos; lograr que la planeación se traduzca en una realidad; contar con mecanismos que permitan financiar el desarrollo urbano y permitir la provisión de mejores servicios públicos.
