Ciudad de México. La Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) solicitó, por primera ocasión, crear un panel de Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) bajo el T-MEC para resolver el conflicto laboral de la mina San Martín, ubicada en Sombrerete, la cual es propiedad de Grupo México.

A pocos días de que el gobierno de Estados Unidos pidió un panel de resolución de controversias por la prohibición del maíz en México y después de que la Secretaría de Economía (SE) determinó que el conflicto laboral en el yacimiento operado por la firma propiedad de Germán Larrea, el segundo hombre más acaudalado del país, la USTR decidió escalar la disputa.

“Estados Unidos ha determinado que es apropiado solicitar un panel para verificar el cumplimiento de la instalación con las leyes laborales mexicanas y determinar si ha ocurrido una denegación de derechos”, dijo la Oficina.

El 16 de junio, Estados Unidos pidió a México que revisara si se estaba negando a los trabajadores de la mina San Martín el derecho a la libertad de asociación y a la negociación colectiva.

La Representante Comercial de los Estados Unidos, Katherine Tai, señaló que el MLRR ha demostrado ser un instrumento fundamental para defender el libre ejercicio de la libertad sindical y los derechos de negociación colectiva, y si bien siempre “estamos abiertos a colaborar con México para encontrar una solución, nuestra prioridad es lograr resultados significativos para los trabajadores”.

La subsecretaria adjunta para Asuntos Laborales Internacionales, Thea Lee, confió en “trabajar estrechamente con el gobierno mexicano para resolver este complejo asunto y reforzar nuestro interés compartido en proteger los derechos de los trabajadores, como la libertad de asociación y el derecho de huelga".

El pasado 1 de agosto, más de un mes después de la solicitud de revisión de Estados Unidos, el gobierno de México respondió que los hechos ocurrieron antes de la entrada en vigor del T-MEC, por lo que las violaciones en la mina de Sombrerete, Zacatecas, estaban fuera del ámbito de aplicación del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida y, por lo tanto, el conflicto que suma 16 años se resolverá en instancias judiciales nacionales.

En un comunicado conjunto, las secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Economía informaron que el gobierno negó la intervención del gobierno estadunidense en un conflicto originado desde el 30 de julio de 2007 en la mina propiedad de Grupo México, de Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México.

Ante esta respuesta, el Sindicato Nacional de Mineros pidió incluso al gobierno nacional revisar la decisión, rectificar y llevarla ante el T-MEC, para resolver en definitiva la huelga que estallaron los trabajadores de la sección 201, en la mina productora de cobre, zinc, bronce y plata, por las malas condiciones de seguridad e higiene en la mina San Martín y violaciones a su CCT.

Durante más de tres lustros, las autoridades laborales en México no han hecho valer las resoluciones de tribunales colegiados, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (junio de 2021) e incluso de un laudo reciente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (junio 2023), en los que se reconoce al Sindicato Nacional de Mineros, que encabeza el senador Napoleón Gómez Urrutia, como titular del contrato colectivo de trabajo (CCT) en la mina San Martín.

Pese a ello, Grupo México mantiene operaciones “de manera ilegal” en la mina y la JFCA sigue sin reparar las violaciones que originaron el conflicto como la libertad sindical.

Además, el 15 de mayo pasado el Comité Laboral Interagencial para el Monitoreo y la Aplicación recibió una petición de MLRR de la Federación Estadunidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), United Steel Workers (USW) y el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúgicos y Similares. de la República Mexicana (Los Mineros), debido a que a mina ubicada en el estado de Zacatecas reanudó las operaciones a pesar de una huelga.

Aunado a ello, participó en negociaciones colectivas con una coalición de trabajadores a pesar de que Los Mineros tiene el derecho de representar a los trabajadores a los fines de la negociación colectiva.

Sobre ello, Grupo México se deslindó de haber intervenido y señaló que se reanudaron las operaciones a petición de un grupo de trabajadores.

El gobierno estadunidense consideró que “había evidencia suficiente y creíble de una denegación de derechos que permitía la invocación de buena fe de los mecanismos de aplicación”, por lo que la USTR hizo la solicitud de revisión en junio pasado, la cual fue rechazada al concluir los 45 días que había de plazo.

La petición hecha en junio incluía la suspensión del pago de las cuentas aduaneras relacionadas con la exportación de mercancías provenientes de la mina por parte de el Departamento del Tesoro, la cual, dijo la USTR, sigue vigente.

Hasta el momento la SE no ha informado que recibió la notificación de la solicitud del panel por parte del gobierno estadunidense, pero se espera que ello ocurra en las próximas horas y también se dé a conocer la posición de México.