La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México dirigió a la Secretaría de Seguridad Ciudadana la Recomendación 07/2023, por actos de tortura de sus elementos en contra de Luis Ángel Castañeda Ochoa, quien fue absuelto de los delitos de homicidio calificado, narcomenudeo, portación de arma exclusiva del Ejército y cohecho, que le fueron imputados.

En su presentación, la ombudsperson Nashieli Ramírez denunció que menos de uno por ciento de los actos de tortura o tratos crueles inhumanos y degradantes se reportan, pues las autoridades que las cometen son las mismas que los investigan y persiguen.

Dicha omisión del Estado en los mecanismos de acceso a la justicia provoca grave impunidad y tolerancia, abriéndose el año pasado por este delito más de 5 mil 500 carpetas de investigación, pero únicamente se judicializaron 82, precisó

Mientras, que, desde el 2014 al 2022 sólo se han emitido 64 sentencias y menos del 10 por ciento de las víctimas ha accedido a algún tipo de dictamen médico sicológico, aun cuando cargan con un fuerte estigma asociado al hecho de haber estado privados de la libertad.

Cuando intentan retomar su vida, destacó, enfrentan distintas afectaciones, que dejan cicatrices sobre las familias y redes de apoyo, quienes normalmente asumen el costo de llevar a cabo las investigaciones y perseguir los delitos que se le imputan a su familiar.

Luis Ángel, subtenitente, estudiante en la Escuela Militar de Ingenieros, informó que el 13 de junio de 2021 circulaba por avenida México-Tacuba, cuando fue interceptado por policías de la SSC, quienes lo detuvieron sin informarle el motivo.

Con golpes, la colocación de una bolsa en la cabeza y después en la nariz y boca para que no respirara, y apretones en los genitales accedió a declararse culpable.

Pese a que fueron seis policías y dos civiles que participaron en su detención ilegal, solo dos lo presentaron al Ministerio Público, diciéndole que fueron los únicos y se le inculpó de narcomenudeo, portación de arma de uso exclusivo del ejército.

El estudiante, a quien le faltaban dos semanas para realizar su examen profesional como ingeniero y un mes para promocionarse como teniente, se negó a firmar la declaración que le dieron y a que se le hiciera la revisión médica sin la presencia de un abogado.

Cuando se encontraba en el Reclusorio Oriente recibió la notificación de una nueva averiguación por el delito de homicidio calificado.

Más de 10 meses le tomó a su defensa demostrar su inocencia, que concluyó el pasado 27 de abril con un fallo absolutorio de todos los delitos que se le imputaron, aunque sus sueños profesionales y personales se truncaron, porque tampoco llegó a casarse.

Su detención ilegal, la tortura de que fue objeto por los elementos de la SSC y el trabajo realizado para demostrar su inocencia provocó que su hermano estuviera a punto de abandonar sus estudios, aunque su mamá tuvo que vender su departamento y su papá gastar sus ahorros e indemnización de su trabajo para pagar su defensa, señaló.