Los guatemaltecos asisten hoy a las urnas para elegir presidente. Sandra Torres, líder de la Unidad Nacional de la Esperanza, y Bernardo Arévalo, fundador del Movimiento Semilla, provienen en teoría de la misma vena política, la socialdemocracia. En la práctica es solo un espejismo. Sus trayectorias contrastan como el día y la noche.
Torres (67) es la continuidad del régimen de corrupción e impunidad que se afianzó con los dos últimos presidentes, Jimmy Morales (2016-2020) y Alejandro Giammattei (2020-2024), que socavaron como nunca el estado de legalidad, mientras trituraban las capacidades de prestación de servicios esenciales. Ella forjó su carrera a la sombra de su exesposo, el expresidente Álvaro Colom (2008-2012). Como primera dama ganó popularidad porque fue el motor de exitosos programas de transferencias condicionadas. Con ese capital político se divorció de Colom para “casarse con el pueblo”. Lleva tres elecciones intentando ser presidenta.
Arévalo (64) es académico y diplomático; tardíamente abrazó la vida partidaria cuando organizó en 2015 el Movimiento Semilla, con prestigiosos intelectuales de izquierda democrática, como Edelberto Torres-Rivas y Juan Alberto Fuentes Knight. Ahora bien, desde niño sus sobremesas estaban pobladas por la política. Su padre, Juan José Arévalo (1945-51), fue el Lázaro Cárdenas de Guatemala. Al sur del Usumacinta las pretensiones de aggiornamento suelen pagarse con encierro, destierro o entierro. Arévalo hijo nació en el exilio de su padre en Montevideo. Su carrera empezó en 2020 como diputado y su política fue rechazar abiertamente todas las corruptelas del régimen.
Las elecciones de 2023 se anticipaban como la sepultura de la democracia. Desde 2017 se conformó una entente de políticos, elites burocráticas, empresarios y narcos, bautizada popularmente como Pacto de Corruptos. Su objetivo fue derrotar los esfuerzos de fiscales y jueces independientes, aupados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG, 2007-19), que puso tras las rejas a más de un millar de altos funcionarios, incluyendo seis expresidentes, jefes del Congreso y magistrados de las Cortes, además de un centenar de prominentes empresarios.
Con la complicidad del expresidente Trump, el Pacto de Corruptos desmanteló la CICIG. Eso sí, antes ofreció Guatemala como gran depósito de migrantes. Entre 2020 y 2023 ejecutó su plan con pavorosa eficacia: capturó todo el sistema de justicia y desató una cacería implacable contra fiscales y jueces independientes (seis permanecen en prisión y 39 están exiliados). Criminalizó la libertad de prensa y expresión. En contrapartida, abrió de par en par las puertas de las cárceles a más de un centenar de cabecillas de las redes criminales. Con el monopolio del poder y las instituciones de derecho demolidas, el relevo electoral parecía un ritual de trámite.
A diferencia de Nicaragua y El Salvador, Guatemala no cristalizó un líder populista autoritario en estos años, y por eso acudió a una fórmula de poder corporativo. Tres candidatos corrieron con todas las ventajas que concede la corrupción y la impunidad: Zury Ríos, la hija del exgeneral dictador Efraín Ríos Montt; Sandra Torres, socia indispensable del Pacto por su contribución en la aprobación de leyes en el Congreso, y Manuel Conde, el candidato del presidente Alejandro Giammattei (67) y de su cercano, Miguel Martínez (33), el verdadero poder tras el trono. Como dice la frase, atribuida a Juárez: “A mis amigos la justicia y gracia, a los enemigos la ley a secas”. Entre enero y mayo de este año se levantaron varias encuestas creíbles. Sucesivamente surgieron como favoritos tres candidatos antisistema (una indígena de izquierdas, un derechista de familias de abolengo y un hacendado populista) y de manera sistemática, mediante triquiñuelas, uno tras otro, fueron descalificados.
El 25 de junio, en la primera vuelta electoral, el Pacto de Corruptos estaba presto a celebrar una sucesión sin fraude, dictada por sus propias reglas. Pero el pueblo, harto de la corrupción y el abuso, inesperadamente le jugó la vuelta. Arévalo aparecía en el sótano de las encuestas con apenas el 3% de la intención de votos, y en la madrugada del 26 ya estaba ungido para el balotaje junto con Torres. El Pacto entró en shock e improvisó sus tácticas reactivas. Primero, irónicamente, alegó fraude, culpando a sus ahijados del Tribunal Electoral. Después falsificó la biografía y el programa de Arévalo: comunista, expropiador y destructor de la familia tradicional. Por último -hasta hoy- desató con filo y a mansalva la persecución penal contra los outsiders, empleando a su alfil, la fiscal general Consuelo Porras.
Las encuestas fiables que se conocieron el miércoles pasado coinciden que Arévalo ganará holgadamente. Pero todos sabemos que mañana el terreno de la judicialización electoral y penal amanecerá minado.
*Edgar Gutiérrez es analista político y excanciller de Guatemala.
