Pachuca, Hgo. Manuel Hernández Badillo, alcalde de Tula de Allende emanado del PRD fue vinculado a proceso penal por uso ilícito de facultades y atribuciones agravado, al haber otorgado contratos a empresas fachada por 60 millones de pesos en el contexto de la llamada Estafa Siniestra.

Agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especial encargada del maxiproceso de la Estafa Siniestra consiguieron la vinculación a proceso a Manuel Hernández.

De acuerdo a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) las investigaciones que realiza contra el alcalde transcurren a partir de una denuncia por haber autorizado en 2021, a nombre del ayuntamiento de Tula de Allende, la adjudicación directa ilícita de por lo menos tres contratos que en suma representan un gasto superior a los 60 millones de pesos.

Dichos contratos se firmaron con la finalidad de adquirir servicios y equipo médico, paquetes alimentarios, servicios de mantenimiento y limpieza de fumigación domiciliaria para evitar la proliferación de la larva mosco culex, así como por el control mecánico del lirio acuático, lo anterior para atender las consecuencias de la inundación que sufrió el municipio.

Con base en lo anterior, el Ministerio Público se allegó de datos de prueba contra el edil y solicitó la orden de aprehensión, misma que fue otorgada por la autoridad judicial y posteriormente ejecutada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, el pasado lunes 14 de agosto.

Luego de su aprehensión, el alcalde fue puesto a disposición de un juez de control, autoridad ante la que en audiencia inicial, esta representación social formuló imputación por hechos que la ley sanciona como uso ilícito de facultades y atribuciones, agravado, sin embargo, el imputado se acogió a la duplicidad del término constitucional de 144 horas, para que se resolviera su situación legal.

En la continuación de la audiencia, el juez de control dictó el auto de vinculación a proceso para Manuel Hernández e impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada y estableció un periodo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.