La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que el 18 de mayo pasado cinco hombres fueron víctimas de privación arbitraria de la vida por cuatro elementos del Ejército en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Tras una investigación, luego de la difusión en junio de un video en el que se observa cómo fueron sometidos, señaló que los militares hicieron uso ilegítimo de armas de fuego.

En la recomendación dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), expuso que si bien en las documentales que obran en el expediente, se observó la presencia de plomo y bario en las muestras recabadas de las manos de dos de los hombres ultimados, dicho resultado fue negativo para los otros tres.

“De acuerdo con las constancias que obran en la Carpeta de Investigación 1, los elementos militares que presenciaron los hechos manifestaron ante ministerio público militar que las cinco víctimas habían sido desarmadas, inspeccionadas y sometidas, por lo que no representaban un peligro para los elementos militares”, señaló.

Con base en lo anterior, la CNDH subrayó que es posible determinar que las víctimas no contaban con armas de fuego o alguna otra arma que pudieran usar en contra de los elementos de la Sedena al momento en que fueron privados de la vida.

Informó que también tuvo evidencias de que un perito de la Fiscalía General de la República (FGR), responsable del análisis y elaboración de los dictámenes de mecánica de lesiones de las víctimas, concluyó que existía correlación entre los hechos narrados en el Informe Policial Homologado, suscrito por un oficial del Ejército, y las lesiones descritas por las documentales médicas, que señalaban que habían fallecido al repeler los militares una agresión, lo que “resultó falso”.

Con tal acción “se entorpeció el curso legal de la carpeta de investigación y por lo tanto, el acceso a la justicia para las víctimas directas e indirectas que forman parte de sus núcleos familiares”, aseveró la CNDH.

Asimismo, acreditó que las personas servidoras públicas responsables, dejaron en estado de indefensión a las víctimas y a sus familias al no ceñirse a los principios constitucionales y legales que rigen su actuar.

Consideró que con sus acciones afectaron a la sociedad en su conjunto, pues vulneraron el derecho a la seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal y a la vida, por el uso excesivo de la fuerza, pues se observó que las víctimas se encontraban esposadas y totalmente sometidas y sin armas a su alcance.

Igualmente pudo concluir que en el presente caso ha existido una inadecuada procuración de justicia en la investigación del delito cometido, lo que ha ocasionado la vulneración del derecho a una investigación efectiva y exhaustiva por parte de la autoridad ministerial, lo cual contribuye a la impunidad.

Ante estos hechos, pidió a la Sedena proceder a la inmediata reparación integral del daño y colaborar ampliamente en la integración de la carpeta de investigación en la FGR y en la causa penal que se tramita en el fuero militar, ambas en contra de las personas servidoras públicas señaladas como participantes en los hechos.

Por su parte, la FGR deberá colaborar ampliamente en el seguimiento de la denuncia de hechos que esta CNDH presente en contra del perito oficial señalado por las acciones y omisiones en que incurrió en el ámbito de su responsabilidad, para el desahogo de la investigación, y que se inicie el procedimiento judicial que corresponda para que se investigue y sancione conforme a derecho proceda.