Estados Unidos anunció este sábado la restricción de visas a 100 funcionarios del gobierno de Nicaragua que, según afirmó, participaron en actos de represión y cierre de espacios cívicos, como la reciente clausura y confiscación de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).

El anuncio lo formuló el secretario de Estado, Antony Blinken, quien denunció “los incesantes ataques del régimen” del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo contra “las libertades civiles” en el país centroamericano.

Los 100 sancionados son funcionarios nicaragüenses que “participaron en los esfuerzos para reprimir a las organizaciones de la sociedad civil, cerrar espacios cívicos como el de la Universidad Centroamericana, y detener injustamente a personas valientes que apoyan una sociedad civil libre, incluido el obispo Rolando Álvarez”, indicó la declaración.

La medida fue adoptada conforme a la Proclama Presidencial 10309, que suspende la entrada a Estados Unidos, como inmigrantes y no inmigrantes, a “personas responsables de políticas o acciones que amenazan la democracia en Nicaragua”, añadió.

Monseñor Rolando Álvarez, obispo católico de Matagalpa (norte), fue detenido hace un año por la policía y desde febrero pasado guarda prisión en un penal de Managua, tras recibir una condena de 26 años y cuatro meses de cárcel por negarse a ser deportado a Estados Unidos junto a 222 opositores excarcelados y desterrados.

Blinken aseguró que Washington seguirá trabajando con la comunidad internacional “para promover la rendición de cuentas de quienes amenazan la democracia en Nicaragua”, y en favor de “las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense y el respeto de sus derechos humanos”.

“Seguimos llamando a la liberación inmediata e incondicional del obispo Álvarez en Nicaragua y al fin de la represión sistemática”, declaró, por su parte, Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, en su cuenta de X, antes llamada Twitter.

La UCA, la más importante universidad privada de Nicaragua, fue confiscada esta semana por el gobierno de Ortega tras 63 años de funcionamiento, mediante una resolución judicial en la cual se la acusó de ser “un centro de terrorismo”.