El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM) denunció el “uso faccioso y arbitrario” de la lucha contra la violencia de género al interior de la casa de estudios por parte de sus autoridades, para levantar actas administrativas y despedir “de manera injustificada” a académicos y personal administrativo de larga trayectoria profesional.

En tanto la UAM sostuvo que por ley y reglamento interno, los órganos colegiados de cada unidad académica –conformados por trabajadores, estudiantes, administrativos y académicos– son los responsables de “definir la situación de las personas que se les acusa, no es una decisión unilateral”.

Las rescisiones de la relación laboral ocurrieron una vez que “está debidamente probado, todo a raíz de pruebas que surgían de instancias externas como las Fiscalías de Justicia y de la determinación de los mismos órganos colegiados, aseguró.

En conferencia de prensa, Abigail Pamela Gómez Suárez, secretaria general del SITUAM, señaló que las autoridades universitarias “han actuado de manera punitiva” y los casos que se presentan “dependen del criterio” del abogado general, quien “califica a su entender lo que debe ser considerado como violencia de género y, a partir de ello, ejecuta los despidos de profesores y trabajadores.

La dirigente sindical indicó que la casa de estudios carece de un protocolo para atender la violencia de género, “no existe la observancia al debido proceso”; sin embargo, la UAM aseguró que sí cuenta con ello y se avanzó con las políticas transversales para la erradicación de dicho problema, lo cual fue una exigencia del paro estudiantil protagonizado principalmente por mujeres en marzo pasado.

Uriel Jiménez Saldaña, secretario de Conflictos del sindicato, Puntualizó que desde septiembre de 2022 se han levantado 45 actas administrativas por violencia de género, principalmente contra académicos (28 casos), dos fueron contra mujeres y 43 fueron contra varones. Del total, 10 terminaron en recesión de contrato (una de ellas corresponde a una mujer), pero sólo cinco de ellas ameritaban una sanción y la destitución.

Externó su preocupación por el “incremento significativo” de estas sanciones, al pasar de dos acta administrativa en promedio por bimestre a 7 u 8 por semana, siendo Azcapotzalco y Xochimilco, las unidades que concentran más actas.

Apuntó que los despidos injustificados se enfocan en trabajadores “que le son incómodos” a la administración, “que tienen una posición crítica” sobre cómo se ejerce el presupuesto de la Universidad.