En México sigue pendiente la eliminación del aborto como delito en los códigos penales, así como garantizar que el tema se aborde como un problema de salud pública y de derechos humanos, advirtieron organizaciones civiles que hicieron una revisión sobre los avances en México para el cumplimiento de los compromisos suscritos hace 10 años en el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo.

Aunque existe un lineamiento para la interrupción legal del embarazo de la Secretaría de Salud (Ssa), persisten obstáculos para el acceso de las mujeres a los servicios médicos, entre éstos, la objeción de conciencia del personal de salud, por lo que se debe fortalecer la regulación al respecto, señalaron.

Maribel Luna, de Católicas por el Derecho a Decidir, comentó que mientras no se garantice a las mujeres el acceso a la interrupción legal del embarazo a nivel nacional, persistirán las brechas de desigualdad. Esto es urgente, lo mismo que eliminar las barreras de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva.

Hoy se cumplen 10 años del Consenso, realizado en Uruguay, con el cual se da seguimiento al programa de acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de Naciones Unidas, realizada en El Cairo en 1994, donde por primera vez se reconoció la igualdad y el empoderamiento de la población femenina, principalmente en los derechos sexuales y reproductivos.

La activista resaltó que México, como parte de los países firmantes de ambos mecanismos, ha tenido avances, pero también desafíos que se mantienen como la perspectiva intercultural en las políticas públicas.

Oriana López Uribe, de Vecinas Feministas, recordó que la agenda de El Cairo incorporó los derechos humanos de comunidades indígenas, rurales, personas que viven con VIH/sida, afrodescendientes y adolescentes. Los estados miembros de Naciones Unidas se comprometieron a abordar todo de una manera integral para que desde las instituciones y dependencias gubernamentales se garantizaran.

Daptnhe Cuevas, coordinadora política de la Articulación Feminista Marcosur, resaltó que en México ha habido avances relevantes, en especial por la voluntad política del gobierno federal para incorporar a la academia y las organizaciones civiles como miembros plenos del mecanismo para dar seguimiento a los compromisos.