El Mecanismo para el Acceso a la Verdad y Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión para la Verdad sobre la guerra sucia denunció que no ha tenido acceso a la totalidad de los archivos del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), hoy conocido como Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que es “crucial” para la investigación de las violaciones graves a derechos humanos proveniente de agencias encargadas de labores de seguridad, inteligencia, de las fuerzas armadas y de las policías.
Lo anterior, aseveró, obstaculiza el cumplimiento cabal de su mandato y del informe que deberá entregar en septiembre de 2024.
Señaló que hay opacidad en torno a la transferencia de la documentación que el CNI está obligado a realizar al Archivo General de la Nación (AGN) a partir del Acuerdo presidencial de 2019, en el que se ordena a todas las oficinas del gobierno federal transferir “la totalidad de los documentos históricos que posean y que se encuentren relacionados con violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción”.
Dicha instrucción presidencial, sostuvo, “ha sido incumplida parcial o totalmente por parte de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina, así como la Fiscalía General de la República (FGR) y el CNI.
En un informe en la materia, los integrantes del citado mecanismo, Abel Barrera, David Fernández, Carlos Pérez y Eugenia Allier, presentaron además evidencia de que hay material faltante el AGN, ya sea porque nunca fue entregado por la agencia de inteligencia o porque pudo haber desaparecido, pues hoy no está disponible a pesar de que existe rastro de su existencia por diversos instrumentos de consulta.
Detallaron que si bien el CNI dice haber cumplido ya con el Acuerdo presidencial de 2019 y haber realizado su transferencia en septiembre de 2020, no ha dado las actas sobre ello que se le solicitaron.
Por su parte, el AGN declaró en febrero de 2023 haber recibido solamente el expediente sobre el homicidio de Manuel Buendía en 1984 que está disponible para consulta. Sin embargo, tras haber hecho esa aseveración, también declaró que no ha terminado de revisar y hacer la compulsa de los documentos históricos transferidos del CNI.
Asimismo, los expertos del mecanismo presentaron evidencia de que hay expedientes que nunca fueron entregados al AGN y otros que pasaron por sus galerías, pero hoy están en condición de “no localizados”.
Como ejemplos de documentación que estuvo en AGN pero ahora ya no está, pueden señalarse la creada entre 1985 y 1989, durante el periodo del DGISEN, así como la documentación microfilmada correspondiente a los años 1953-1979, o de expedientes relacionados con la Brigada Blanca, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y con asesinatos de varios periodistas y figuras políticas, como el vicecónsul John Patterson, y de agentes de la propia DFS.
Indicaron que no solo se trata de expedientes sino de series enteras registradas en el Catálogo DFS, DGISEN y CISEN, pero que nunca fueron transferidas al AGN, como en el caso de la serie de expedientes 009-033-001 a 009-033-086.
Ante ello, el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico llamó al Centro Nacional de Inteligencia a acatar la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que corresponde a su gobierno y al Estado mexicano “permitir que se tenga acceso a todos los archivos de todas las dependencias, sin ningún límite, y también el que no haya obstáculos y que no haya impunidad para nadie” como lo declaró en el acto inaugural de los trabajos de la Comisión de la Verdad del periodo 1965-1990.
