Ciudad de México. A fin de elevar la cobertura en educación superior en México, el actual gobierno federal impulsó alternativas para disminuir la exclusión de los jóvenes en ese nivel formativo, principalmente de quienes enfrentan condiciones de pobreza, marginación o son residentes de comunidades lejanas y aisladas.

Para ello creó las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ), que atiende en sus aulas a 51 mil 927 estudiantes en más de 145 planteles distribuidos en el país. En el Programa Institucional 2023-2024 del organismo coordinador de las UBBJ, a cargo de Raquel Sosa Elízaga, se establece que para 2024 “estaremos en posibilidades de tener 200 mil alumnos en 200 sedes educativas” con el crecimiento de su capacidad instalada.

Lo anterior, destaca el documento, “representa un número equivalente a 30 por ciento de las personas que son rechazadas por las universidades públicas y privadas” en el país, pero sobre todo ofrece opciones a un sector que hasta hoy ni siquiera se había planteado cursar la educación superior; se trata de sectores de la población que sistemáticamente habían sido excluidos de este nivel educativo.

La normativa interna de las UBBJ dispone la gratuidad de todos los estudios, materiales y servicios que se presten en la sede educativa, incluidos los servicios sociales y profesionales que lo requieran, así como el título y la cédula profesional. También se caracteriza por ser una universidad pública en la que el único requisito de ingreso es “contar con bachillerato o equivalente terminado, cumplir con las actividades académicas y mantener relaciones de respeto dentro de las instalaciones”.

Lo mismo ocurre con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), fundada en abril de 2001, durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal. Creada para atender a los sectores más empobrecidos y sin opciones de acceso a la educación superior, entre sus requisitos de ingreso no se incluye un examen de admisión, ya que la asignación de espacios es por sorteo.

La falta de atención a la demanda de educación superior en el país se refleja en el creciente número de jóvenes que buscan una oportunidad para continuar sus estudios y en mecanismos como el Registro Nacional de Opciones de Educación Superior (Renoes), creado en 2020 por la Secretaría de Educación Pública (SEP), aunque con escaso éxito.

Pese a que busca ofrecer orientación vocacional y facilitar el acceso a universidades que sí cuentan con lugares disponibles, en el cuarto Informe de Labores (2022) la SEP reconoce que aunque 249 instituciones educativas ofrecieron 57 mil 911 espacios en 499 programas educativos a los aspirantes que no pudieron acceder a instituciones de alta demanda, sólo se obtuvieron 691 registros activos y únicamente se logró que 886 aspirantes ingresaran a la educación superior.

Sosa Elízaga explica que la exclusión educativa también se genera “por razones de pertinencia. Un joven solicita su ingreso a la carrera de medicina, pero le dicen: no, no te puedo dar en esa, pero te ofrezco la de dentista, o de la técnico-profesional. Eso es lo que ofrece el Renoes, son carreras sucedáneas, no son las que los muchachos quieran estudiar, y se les ofrece como premio de consolación”.

Por eso, afirma, “cuando voy a alguna de nuestras sedes siempre les comento a los alumnos que son sobrevivientes de muchos tipos de exclusión, porque en otras universidades, además de que se les ofrece este tipo de carreras sucedáneas, también les piden muchos otros requisitos, entre ellos el examen de admisión”.

Los alumnos de la UBBJ “han superado muchas barreras. No son simplemente un dato más o un puñado de personas que aventaron a un barranco como rechazados. Siguieron luchando por acceder a la educación superior. Son personas activas que saben exigir sus derechos, tienen sus propios puntos de vista y no se dejan discriminar. Para ellos estudiar es una conquista directa, no es un aquí me meto a ver qué pasa, no, es una decisión expresa, como decir yo quiero ser médico o ingeniero ambiental”.

Por su parte, Axel Meléndez, maestro en pedagogía e investigador en temas educativos, llama a las instituciones de educación superior a aplicar “mecanismos más equitativos y justos para todas las poblaciones, como los sorteos que lleva a cabo la UACM, porque hay una diferencia no sólo en el resultado, sino en lo que se atribuye el estudiante al decir ‘no estudié lo suficiente, soy un burro’”.

Resalta que la meritocracia fortalece la exclusión al plantear que “somos los arquitectos de nuestro destino, sin importar el punto de partida, que todo depende del esfuerzo que hagas, y no es así. Romper con eso es complicado, y quienes no logran ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) u otras universidades no atribuyen su rechazo a la falta de presupuesto, infraestructura o aumento de la matrícula. El problema se coloca como un asunto individual”.

Soluciones milagro

En contraste, Hugo Casanova, especialista del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, critica la aplicación de “soluciones milagro” para atender la demanda de ingreso a la educación superior, como el no aplicar exámenes de selección, lo cual sigue siendo “no la mejor opción, pero sí la menos mala”.

Subraya que “hay muchas críticas a los exámenes estandarizados, porque son iguales para una población intrínsecamente diferente, esto hay que admitirlo. Pero no hemos identificado otros mecanismos que racionalmente nos permitan seleccionar a los estudiantes”.

Al respecto, Hugo Aboites, ex rector de la UACM, estima que esta casa de estudios puede ser un referente para la atención a la demanda en educación superior en México, pero reconoce que “no se le ha dado la importancia que tiene en este aspecto”.

Indica que no sólo deja de aplicar exámenes de admisión, como nueva institución de educación superior pública “tiene una visión de la sociedad muy progresista si se le compara con la Universidad Autónoma Metropolitana, y sobre todo con la UNAM o con el Instituto Politécnico Nacional”.

Considera evidente que “la falta de democracia interna impide que las instituciones se vayan modificando con el paso del tiempo. Por eso en la UNAM tenemos una Ley Orgánica de 1945, defendida a capa y espada por el actual rector (Enrique Graue), pero es una norma retrógrada, porque desde 1945 ya han pasaron muchas cosas. En realidad hay un miedo al caos, a que los jóvenes demanden más y más apertura y democracia. Eso es lo que está en el fondo del control que se quiere ejercer para definir quién entra y quién no a las aulas universitarias”.