Tlalnepantla, Mex. Una jueza de control acordó ampliar a 144 horas el plazo para determinar la vinculación a proceso de los seis empleados del restaurante-bar Black Royce, sujetos a investigación ministerial por la muerte del empresario Íñigo Arenas Saiz, ocurrido el domingo 6 de agosto, dentro del establecimiento, por lo pronto permanecerán en el Penal de Barrientos.

La audiencia inicial se prolongó por 10 horas en los juzgados de Juicios Orales y de Control de San Pedro Barrientos, dónde la impartidora aprobó la detención y ordenó prisión preventiva justificada a los detenidos; asimismo, fijó como fecha para continuar el procedimiento el martes 15 de agosto a las 9 de la mañana.

La sesión de este sábado inició alrededor de las 9:30 horas, el agente del Ministerio Público (MP) planteó imputaciones contra las empleadas Aritzi Abril N, Ana Karen N, Cecilia N, Ana Karen N, el capitán de meseros Eduardo N y Carlos Daniel N, encargado de seguridad del restaurante-bar “Black Royce.

Argumentó que la muerte de la víctima fue resultado de la “actuación dolosa” y con “acuerdo previo” por parte de los implicados, pues el hombre estaba en estado de ebriedad cuando llegó al Black Royce, y la siguieron suministrando alcohol; aún cuando el servicio en el restaurante-bar estaba fuera de horario.

El MP detalló que el jefe de seguridad permitió el acceso al empresario, el capitán de meseros le asignó una mesa, y las cuatro mujeres le hicieron compañía para luego subir a la zona VIP, dónde indicaron que tenía adquirir cuatro botellas con valor de 10 mil pesos cada una, una por cada mujer que le acompañaba, pues ese era el requisito para ingresar al área de atención exclusiva.

Precisó que cuando el empresario presentó malestar físico, los empleados “estuvieron en dominio del hecho, debieron haber llamado a la atención médica y la víctima no habría perdido la vida”.

La representación social indicó que el gerente del Black Royce, ese mismo domingo 6 de agosto, ofreció 20 mil pesos a la policía para que no investigara el descenso, por lo que incurrió en el delito de cohecho; pero después decidió colaborar con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Como testigo colaborador de la fiscalía y aplicando el “criterio de oportunidad”, el gerente declaró a la institución que una de las empleadas agregó un polvo verde al vaso del cliente, para que la víctima siguiera consumiendo.

El taxista que llevó de Polanco Naucalpan, lugar donde se localiza el Black Royce, en Bulevard Manuel Ávila Camacho, colonia San Andrés Atoto, declaró qué él lleva clientes y que por ello le pagaron 200 pesos y una comisión del 30 por ciento, si el comensal se queda en el establecimiento.

Agregó, que pruebas periciales de toxicología indican que la víctima tenía 253 miligramos/lt de alcohol en sangre, salió positivo en etanol y cocaína. Además a la víctima le cambiaron la camisa y al encontrar la original, tenía restos de material gástrico y sangre con las sustancias tóxicas.

IMPLICADOS VÍCTIMAS DE TORTURA

Tres abogados integraron la defensa de los 6 detenidos, y aprobaron que sus clientes rindieran declaración sobre su detención, pues acusaron que fueron víctimas de tortura, que las 4 mujeres son madres solteras que fueron golpeadas y amedrentadas con quitarles a sus hijos, si no aceptaban los señalamientos en su contra.

Todos coincidieron en señalar, que se presentaron a declarar en forma voluntaria, pero después se enteraron que estaban detenidos, que fueron llevados a instalaciones de la FGJEM de Toluca, que fueron torturados, amenazados, incomunicados, no sabían de qué se les acusaba ni tuvieron derecho a un abogado.

La Juez del caso ordenó al Ministerio Público iniciar una carpeta de investigación en la Fiscalía Especializada en Tortura y dió un plazo de 6 días para iniciar la investigación en contra de los agentes que habrían incurrido en los actos señalados por los detenidos.

Asimismo, la Juez dio un plazo de cinco días para que la FGJEM presente una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, por las acusaciones de los seis empleados del Black Royce, "con golpes y amenazas les fabricaron un delito", planteó uno de los abogados.

Esta noche, la Juez del caso ordenó ampliar a 144 horas el término constitucional para definir la vinculación a proceso de los detenidos.