En 2022 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió información de al menos 126 asesinatos de personas defensoras, mientras que en el primer cuatrimestre del año en curso han ocurrido 33 homicidios. Ante esto, y el hecho de que en algunos países de la región la impunidad en los casos de asesinatos de personas defensoras sea superior al 90 por ciento el organismo y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en América Latina expresaron su “preocupación”. 

Lamentaron que persista la “impunidad en las violaciones cometidas contra las personas defensoras en relación con su labor” e instaron a los Estados a “prevenir, investigar, sancionar y reparar estas violaciones con el fin de garantizar el pleno y libre ejercicio del derecho a defender derechos humanos”.

Destacaron que “las personas defensoras cumplen un rol fundamental en la promoción y protección de los derechos humanos y en la construcción de sociedades más justas, equitativas y respetuosas de la dignidad.

“Su labor es esencial tanto para visibilizar las violaciones como para abogar por medidas administrativas y legislativas que salvaguarden los derechos y promover el acceso a la justicia. Sin embargo, ellas se enfrentan con frecuencia a amenazas, intimidación, hostigamiento, discursos estigmatizantes, difamación, actos de violencia, y asesinatos como consecuencia de su labor de defensa”.

No obstante la CIDH y ONU-DH reconocieron “los esfuerzos que algunos Estados de la región han realizado para avanzar en el cumplimiento de sus obligaciones a través de la creación de fiscalías especializadas y protocolos para la investigación de casos de homicidios, amenazas y ataques en contra de personas defensoras, en conformidad con los estándares internacionales en la materia”.

La CIDH sostuvo que “la impunidad perpetúa la violencia y la represión, propiciando un clima de temor, desprotección e indefensión en las víctimas, sus familiares y comunidades al quedar en una situación de absoluta vulnerabilidad y riesgo frente a ataques y violencia. Adicionalmente, cuando los responsables de violaciones de derechos humanos no son investigados, enjuiciados y sancionados se generan efectos adversos para el ejercicio de la defensa de los derechos”.

La CIDH y ONU-DH exhortaron a los Estados a cumplir integralmente con la obligación de investigar de forma exhaustiva, imparcial y efectiva las violaciones cometidas en contra de las personas defensoras, tomando como primera hipótesis la posible vinculación de estos actos con la labor que realizan a fin de sancionar a los responsables y garantizar las reparaciones necesarias a las víctimas y familiares, y asegurar la no repetición.

Adicionalmente, reiteraron la obligación de los Estados de proteger integralmente a quienes ejercen la defensa de los derechos humanos, particularmente cuando se encuentren en una situación de riesgo.

En el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 25 aniversario de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos, la CIDH y ONU-DH conminaron a los Estados a “redoblar esfuerzos en la lucha contra la impunidad, asignando suficientes recursos, garantizando a las víctimas y sus familiares el acceso a recursos judiciales sencillos, rápidos y eficaces e incorporando buenas experiencias y buenas prácticas en los procesos investigativos, como el Protocolo de la Esperanza generado por la sociedad civil”.

Asimismo, los Estados, deben adoptar políticas integrales de protección que partan del reconocimiento de la importancia de la labor de defensa para garantizar un entorno propicio y seguro del ejercicio de dicha labor.