Uriel Carmona Gándara, ex titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos, obtuvo una nueva suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión, búsqueda y comparecencia que se haya librado en su contra como parte de la investigación que inició la Fiscalía General de la República (FGR).
Carmona Gándara promovió la demanda de amparo el pasado 2 de agosto donde argumentó que la orden de captura procede de la investigación que inició la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres Trata de Personas (FEVIMTRA), que radica en la carpeta FED/FEMDH/FEVIMTRA-CDMX/0000045/2023, dentro de la causa penal 123/2023.
Al respecto, el juez de la causa negó concederle la suspensión provisional respecto a la comparecencia del ex fiscal del Morelos en la audiencia inicial y la judicialización de la indagatoria, “ya que constituye un acto de orden público que no es susceptible de suspenderse, toda vez que se afectaría el interés social o colectivo, debido a que la sociedad está interesada en que el Agente del Ministerio Público realice las actuaciones propias del cargo que desempeña para el efecto de formalizar la investigación”.
Agregó que por el momento el promovente no tiene la obligación a presentarse ante las autoridades responsables; hasta en tanto este Juzgado de Distrito tenga la certeza de las autoridades que acepten la existencia del acto reclamado y el estado procesal en que se encuentre.
El juez señaló que la suspensión continuará vigente siempre y cuando Uriel Carmona pague una garantía de 20 mil pesos, medida que no impide a las autoridades realizar las diligencias necesarias para la continuación del procedimiento judicial respectivo o la integración de la carpeta de investigación.
El funcionario fue detenido el fin de semana y posteriormente un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México lo vinculó a proceso y dictó prisión preventiva justificada como presunto responsable del delito de obstrucción de la justicia, al intentar retardar las investigaciones del feminicidio de Ariadna Fernanda, ocurrido en octubre del año pasado en esta capital.
