El juzgado Decimoquinto de Distrito de Veracruz ordenó a la Fiscalía estatal y al juez de la causa la cancelación inmediata del proceso en contra de la jueza local, Angélica Sánchez, y que se le deje en libertad sin condicionamiento alguno.

La juez Daniela María León Linarte, dio un plazo de 24 horas para liberar a Sánchez Hernández, al argumentar que las autoridades estatales violaron la suspensión de amparo que se le concedió en junio pasado para evitar que se ejecutara la orden de aprehensión en su contra.

“La autoridad jurisdiccional declarará nulas todas las actuaciones que haya practicado con motivo de la recepción de dicho oficio, tales como, la puesta a disposición de la quejosa, la fijación de hora y fecha para la celebración de la audiencia inicial, el desahogo de la misma, las medidas cautelares impuestas, el auto de vinculación a proceso, cualquier resolución incidental dictada en tales autos o algún cambio de medida cautelar, la fijación de plazo para la investigación complementaria y todas y cada una de las subsecuentes actuaciones emitidas dentro de tal proceso penal”, señala el expediente.

La impartidora de justicia indicó que en ese mismo auto, en estricto acatamiento a la suspensión provisional del 9 de junio de 2023, dictada en el incidente de suspensión en que se actúa, al momento de acordar la recepción de tal oficio, “determine no tener a su disposición a la allá investigada Angélica Sánchez Hernández y por el contrario, establezca que, en virtud de que los hechos con apariencia de delito por los que se investiga a la aquí quejosa no ameritan prisión preventiva oficiosa, ordene que se le deje en inmediata y absoluta libertad sin condicionamiento alguno”.

Las autoridades judiciales pueden impugnar el fallo, para que el caso se turne a un tribunal colegiado de Veracruz, quien determinará después si confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia, aunque la juez ya tendrá que gozar de plena libertad.

Sánchez Hernández promovió un juicio de amparo contra la prisión preventiva justificada que se le impuso el pasado 16 de junio, ya que es acusada por la fiscalía estatal de tráfico de influencias y delito contra la fe pública, al emitir un dictamen que puso en libertad a Itiel Palacios, alias El compa playa, identificado como un generador de violencia en el estado.

En su demanda, la juez de Veracruz apeló la determinación del juez de control de realizar la audiencia inicial de forma privada, lo que aseguró, “constituye un acto de imposible reparación, en el sentido de que se afecta uno de los principios rectores del proceso penal acusatorio sin una justificación válida”.

Pero no sólo eso, reclamó la resolución que declaró improcedente la nulidad de la orden de captura, ya que se emitió por una autoridad incompetente por razón de territorio y porque contaba con una suspensión provisional; incluso, mencionó que cuando fue detenida en la Ciudad de México, los elementos de la Guardia Nacional (GN) no le mostraron el mandamiento judicial.