Madrid. La coalición de izquierdas Sumar, en la que se integró Podemos, señaló al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de “falta de ambición” para sentarse a negociar cuanto antes con las formaciones nacionalistas vascas, catalanas y gallegas la investidura como presidente del gobierno de Pedro Sánchez, que se encuentra de vacaciones desde hace una semana y media y sigue sin retomar su agenda pública. Mientras que su principal adversario en la derecha, el candidato del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, está maniobrando a varias bandas para intentar al menos que el Rey Felipe VI, en su calidad de jefe del Estado, le encomiende presentarse a la investidura en el Congreso de los Diputados, lo que forzaría así la primera votación y pondría en marcha la nueva legislatura.
Mientras que el PP está dispuesto a ir a la sesión de investidura con los 172 votos a favor que tiene a día de hoy garantizados -los 137 del PP, más los 33 de Vox y el escaño de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Coalición Canaria (CC)-; en el PSOE todavía no hay movimientos públicos para acercar posiciones con el independentismo catalán y vasco, que son los que tienen los votos necesarios para sacar adelante la formación del nuevo gobierno.
De ahí que el vocero de Sumar, Ernest Urtasun, señaló a la cúpula socialista de “falta de ambición” ante las primeras propuestas que han recibido para desbloquear la investidura y garantizarse así los apoyos del nacionalismo. Las propuestas que nos trasladan son insuficientes, queremos compromisos ambiciosos y hasta ahora desde el PSOE no están proponiendo medidas concretas. Pero estoy convencido de que va a haber un gobierno de coalición”, señaló.
En mitad de las negociaciones trascendió una importante decisión judicial que podría dificultar los pactos. La Sala de Vacaciones del Tribunal Constitucional decidió “inadmitir” a trámite, con dos votos a favor y uno en contra -el de la magistrada progresista-, del recurso presentado por el ex presidente catalán Carles Puigdemont contra su orden de detención, dictada el pasado 13 de junio por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llareno.
Puigdemont, que reside en Bélgica desde noviembre del 2017, unos días después de la declaración unilateral fallida de independencia, sigue siendo el líder de Junts per Catalunya (JxCat), que tiene siete diputados en el Congreso de los Diputados, que son cruciales para sacar adelante una futura investidura de Sánchez. O, en su caso, de bloquearla y forzar así unas nueves elecciones generales.
Puigdemont todavía tiene abierta una causa penal en España por los delitos de desobediencia y malversación, después de que durante la anterior legislatura se eliminó el delito de sedición. De ahí que la decisión del Tribunal Constitucional, en pleno periodo de vacaciones, haya sido visto como una maniobra por parte de los jueces conservadores para complicar la situación penal de Puigdemont y de las propias negociaciones entre el PSOE y los nacionalistas catalanes. En cualquier caso, la Fiscalía anunció que presentará un recurso de urgencia con el argumento de que no había razones para que se resolviera ese recurso por la “vía de urgencia” y no se esperara hasta la celebración de una sesión del pleno al completo, en el que el bloque de jueces progresistas tiene mayoría.
