Washington y Nueva York. Asesores de Donald Trump contemplaron provocar una crisis constitucional y desplegar fuerzas armadas para suprimir resistencia bajo una ley de 1792, a fin de mantener al entonces presidente en el poder después de la elección que perdió en 2020, con algunos observadores advirtiendo que los intentos de un golpe de Estado del ex mandatario siguen amenazando el orden democrático de Estados Unidos.

Analistas y comentaristas al evaluar la acusación criminal formal presentada contra el ex mandatario por sus esfuerzos para revertir los resultados de la elección la semana pasada, señalan que no sólo se contemplaron acciones para descarrilar el proceso electoral de 2020, sino que aún no se puede descartar la continuación de estos esfuerzos antidemocráticos en la contienda electoral de 2024.

Uno de los párrafos más escalofriantes en la acusación crminal que resaltó el columnista Jamelle Bouie, del New York Times, gira en torno a una conversación entre Jeffrey Clark, funcionario ultraconservador del Departamento de Justicia, que contra órdenes de su propio jefe, el entonces procurador general, quien se negaba a endosar la acusación de Trump de que había extenso fraude en la elección, se reunió secretamente con el abogado de la Casa Blanca Patrick Philbin el 3 de enero de 2021, 17 días antes de la transición de poder presidencial. Ahí discutieron estrategias para mantener a Trump en la Casa Blanca a pesar de los resultados electorales, y cuando Philbin comentó que habría disturbios en las calles de toda ciudad importante de Estados Unidos si se intentaba tal cosa, Clark le respondió: pues, por eso existe la Ley de Insurrección.

El columnista Bouie concluye que dado que “Trump consideró invocar la Ley de Insurrección –la cual autoriza el uso de fuerza militar para suprimir desórdenes civiles, insurrección o rebelión– para frenar las protestas que siguieron el asesinato de George Floyd por la policía”, es probable que si Trump hubiera robado el poder, muy bien podría haber intentado usar dicha legislación para suprimir las protestas y resistencia inevitables, lo cual podría haber matado a cientos (tal vez miles) de estadunidenses en el intento de asegurar su control ilegítimo de poder.

En medio de un golpe

No es sólo una versión hipotética de un columnista, y no es algo que sólo pertenece al pasado. La veterana columnista Maureen Dowd, también del New York Times, escribió sobre la última acusación criminal contra Trump, afirmando que “el hecho es que, estamos en medio de un golpe de Estado, no en un posgolpe. El ex presidente sigue estando en medio de su diabólico complot de ‘quien me librará de esta democracia entrometida’, esperando que sus oscuros caballeros saldrán a galope para completar la tarea”.

Incitar a la violencia para poder ordenar a las fuerzas militares restaurar la ley y el orden es una táctica bien conocida en el libro de jugadas de los golpes de Estado en el mundo, pero aquí en Estados Unidos había renuencia entre analistas a usar ese término, aunque los eventos del 6 de enero de 2021 con el asalto violento al Capitolio incitado por Trump para frenar la certificación final del voto empezaron a cambiar eso. Pero ahora hay cada vez más advertencias de que esos esfuerzos para incitar violencia con fines políticos podrían continuar más allá del 6 de enero, y que los juicios del ex presidente podrían contribuir a dicho esfuerzo.

El ex oficial de inteligencia estadunidense Donelle Harvin escribió en un artículo publicado en Politico la semana pasada que grupos extremistas violentos han empezado a combinarse en torno a una figura que los unifica: Trump. Agregó que lo que antes era un movimiento ultraderechista fragmentado y descentralizado ha sido cooptado por Trump para nutrir su base de apoyo. Esto, en mi evaluación, hace que el ex presidente sea un impulsor principal del extremismo doméstico, y un peligro sin precedente a nuestra seguridad, concluye.

Harvin no está solo en su apreciación. Al aproximarse la elección de 2024, la amenaza de violencia política y desorden civil sólo se incrementará, escriben los ex funcionarios estadunidenses Steve Simon y Jonathan Stevenson en Politico Magazine. Agregan que a pesar de todo lo que han aprendido los oficiales de seguridad nacional y seguridad pública estadunidenses desde el 6 de enero, el país aún no está preparado para una revuelta de derecha extrema.

Departamentos de policía alineados con la derecha

Un ex funcionario del Departamento de Seguridad Interna, quien habló con La Jornada bajo condición de anonimato, dijo que el gobierno federal está particularmente preocupado con el hecho de que muchos departamentos de policía locales están ideológicamente más alineados con la derecha que con las autoridades federales.

La preocupación más urgente por el momento, comentó este ex funcionario, es que simpatizantes de Trump, respondiendo a sus declaraciones, podrían decidir tomar las armas y participar en actos violentos que fácilmente se saldrían de control. Varios comentaristas han señalado que Trump sigue sugiriendo violencia: si vienen en mi contra, yo me iré en contra de ustedes, declaró en los medios sociales la semana pasada. Los ataques verbales de Trump contra el fiscal federal especial Jack Smith y la jueza federal Tanya Chutkan, asignada a supervisar su juicio, provocó que el fiscal solicitara al tribunal ordenar que el acusado sea obligado a mantener silencio sobre este caso.

Los abogados defensores argumentan que tal orden sería una violación de su derecho a la libertad de expresión justo al aproximarse la elección presidencial. En un juicio sobre derechos protegidos por la Primera Enmienda (libertad de expresión), el gobierno busca limitar los derechos de la Primera Enmienda, respondieron los abogados de Trump, y acusaron que esto es un ataque contra el principal opositor de este gobierno, durante una temporada electoral en que el gobierno (de Biden), prominentes miembros de su partido y sus aliados en los medios han hecho campaña con la acusación y proliferando sus alegaciones falsas.

Comentaristas señalan que por ahora no se puede descartar la posibilidad de que Trump regrese a la presidencia. “Hasta ahora, decenas de millones de estadunidenses están dispuestos a no hacerle caso no sólo a las múltiples acusaciones criminales de Donald Trump, sino también a su mal manejo legal del covid-19, su manejo inhumano de niños en la frontera, sus múltiples declaraciones de intolerancia racial y misóginas, sus asaltos contra la prensa libre y el imperio de la ley, su indiferencia a la seguridad nacional y la emergencia climática, su afecto por autócratas alrededor del mundo, sus impeachments y sus muchos esquemas para enriquecer a su familia”, escribió David Remnick, editor en jefe de The New Yorker.

El peligro mayor, comentó el ex funcionario del Departamento de Seguridad Interna a La Jornada, es si Trump pierde por un margen escueto, estalla la violencia y sus simpatizantes armados van a las calles. Entones tendríamos una guerra civil, advirtió.