Torreón, Coah. Para no quedar atrapado “en un callejón sin salida”, ante la posibilidad de que un tribunal de apelaciones modifique la vinculación a proceso, el juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Torreón, Benito Edgardo Hernández Luna, difirió para el 27 de diciembre, a las 16 horas, la audiencia intermedia del juicio 157/2022 por el presunto uso indebido de atribuciones y facultades, en contra de Ismael Eugenio Ramos Flores, ex secretario de Finanzas en el estado.
El ex funcionario, quien sigue el juicio en libertad, fue vinculado a proceso penal en la audiencia inicial que se desarrolló el 22 de junio de 2022, y de inmediato su defensa pidió su anulación ante un tribunal que desde no ha resuelto.
El juez apeló a que esto pase antes del 27 de diciembre.
“Estaremos muy navideños para entonces”, bromeó antes de concluir la audiencia con golpe de mallete.
El juez aseguró que si la audiencia intermedia se hubiera desarrollado este miércoles, habría excluido del proceso a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), víctima coadyuvante en el caso, debido a que no envió representantes. “Eso hasta le hubiera convenido a la defensa”, comentó.
En la la audiencia intermedia programada para este miércoles 9 de agosto, la Fiscalía General de la República haría la aportación de pruebas adicionales.
La defensa pidió cambiar la fecha de la audiencia hasta que un tribunal de apelaciones resuelva la impugnación en contra del auto de vinculación, pero desde ahora adelantó que apelará cualquier resolución en contra del acusado.
La Causa penal 157/2022 está relacionada con una denuncia de la Secretaría de la Función Pública federal por la presunta suscripción indebida de 15 contratos por 475 millones de pesos que habrían servido a la Secretaría de Finanzas estatal para simular la compra de bienes y servicios con recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero. Las investigaciones están vigentes desde 2019.
En la audiencia de este miércoles estuvieron el acusado, su defensa; un asesor jurídico de la Secretaría de la Función Pública y tres agentes del Ministerio Público adscritos a la La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), de la Fiscalía General de la República. No hubo representación de la Auditoría Superior de la Federación, quien aparece en el juicio como víctima coadyuvante.
