El ataque a los derechos humanos y políticos del mandatario se fraguó tanto en el INE como en el tribunal electoral. El 20 de julio, la Comisión de Quejas y Denuncias, por dos de tres votos, dictaminó que López Obrador efectuó una crítica severa dentro del debate público, pero no existían elementos que indicaran violencia política del mandatario hacia la legisladora. Este fallo fue impugnado por Gálvez ante la sala superior del TEPJF, la cual ordenó a la comisión un nuevo análisis bajo el parámetro de estereotipos de género. En este nuevo examen, la comisión aprobó un proyecto elaborado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, concedió las medidas cautelares solicitadas por la política panista y ordenó al Presidente abstenerse, bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas relacionados con los derechos políticos de la quejosa y de las mujeres, ya sea de forma positiva o negativa. Además, instruyó que en un plazo no mayor de 12 horas se eliminaran extractos de cuatro conferencias matutinas en los que se mencionaba a Gálvez.

No es la primera vez que el INE o el TEPJF colocan una mordaza al jefe de Estado. Lo han hecho de manera sistemática en periodos electorales y con motivo de la consulta popular de revocación de mandato. Este último episodio llevó al absurdo de que todos los actores políticos y mediáticos expresaron (no pocas veces, de forma grosera y hasta violenta) sus puntos de vista en torno del gobernante, excepto la persona que sería ratificada o removida del cargo. En todas esas circunstancias, el silenciamiento del presidente López Obrador se impuso con el argumento de que su libertad de expresión constituía una interferencia en los procesos electorales y un uso indebido de recursos públicos, dado que sus declaraciones tienen lugar en los eventos realizados en Palacio Nacional.

Esta vez el instituto autónomo y el órgano especializado del Poder Judicial han ido más allá de las interpretaciones sesgadas y dolosas de la ley que ya se volvieron su instrumento habitual para sabotear al gobierno elegido por los ciudadanos y favorecer a las derechas partidistas. Lo que llevaron a cabo magistrados y consejeros es, lisa y llanamente, la fabricación de una falta inexistente para censurar al Presidente constitucional a petición de una legisladora de oposición. El hecho reviste la máxima gravedad y, de prevalecer, sentará un peligrosísimo precedente para que el INE o el TEPJF, supuestos guardianes de la institucionalidad democrática, habiliten o eliminen a agentes políticos sin más sustento que su imaginación, sus intereses personales y sus preferencias ideológicas.

Es alarmante, por añadidura, que juristas que debieran conocer la importancia de la precisión idiomática en los procesos judiciales se hayan basado en expresiones nunca pronunciadas para emitir un fallo tan absurdo y mal redactado que prohíbe al mandatario emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas relacionados con los derechos políticos de la quejosa y de las mujeres, lo que, de asumirse de manera literal, impediría a López Obrador referirse a logros en esta materia o mencionar violaciones a tales derechos.

Con este fallo, ambas instancias, o al menos importantes sectores dentro de ellas, le dan abiertamente la espalda a la ley y lanzan una declaración de guerra, no al titular del Ejecutivo ni al gobierno que encabeza, sino a la democracia y a toda la sociedad mexicana. Es imperativo que los responsables de esta aberración rectifiquen y comiencen a ejercer sus funciones con apego a las normas, pues la persistencia de su actitud sólo puede conducir a una crisis institucional tremendamente dañina para el país.