Tras realizar un análisis jurídico de las quejas interpuestas por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, por presuntas violaciones a las garantías de Xóchitl Gálvez, aspirante del blanquiazul a la candidatura para 2024 del Frente Amplio por México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que los quejosos deben acudir al Instituto Nacional Electoral (INE).
En la determinación emitida por la segunda Visitaduría General de la CNDH, a las quejas interpuestas el 27 de julio pasado ante el organismo, refiere que “esta Comisión Nacional no contó con elementos de convicción suficientes para acreditar las violaciones a los derechos humanos a las que el denunciante aludió en sus quejas, motivo por el cual, con la finalidad de brindarle una atención integral, en vía de orientación directa, se le sugiere con relación a los señalamientos públicos que refiere (…) y al advertirse un tema estrictamente del ámbito y conocimiento del Instituto Nacional Electoral, acudir a éste”.
La CNDH refiere que el INE es el “organismo responsable de aplicar los procedimientos sancionadores correspondientes respecto a las faltas administrativas en los capítulos Primero, Segundo, tercero y Cuarto del Título Primero del Libro Octavo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como del procedimiento para la adopción de medidas cautelares, por lo tanto se le sugiere acudir ante dicha instancia”.
Las quejas presentadas por la senadora Kenia López Rabadán (PAN) solicitaban a la titular de la CNDH, Rosario Piedra, dictar las medidas cautelares que considere pertinentes, pues de acuerdo a la reclamación los dichos del ejecutivo federal ponen en riesgo la integridad personal de Gálvez, el diputado Santiago Creel y el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
Una de las queja es por el “ejercicio abusivo de sus facultades y privilegio de información del Estado Mexicano”, en que habría incurrido el mandatario en contra de Gálvez, al dar a conocer contratos de sus empresas y la otra queja fue por las críticas desde Palacio Nacional a Gálvez, Creel y Cabeza de Vaca.
En la respuesta a los quejosos, que consta de 15 páginas, la CNDH refiere sobre la violencia política en razón de género que tras su análisis de la conferencias matutinas del titular del Poder Ejecutivo Federal “no se advierten expresiones amenazantes, y tampoco se desprende de ellas violencia de género, más allá de generar un impacto en las y los interlocutores y detonar una deliberación pública, pues incluso en la mención que se hizo en las conferencias de prensa que señalan en sus quejas, las de los días 29 de junio y 5 y 10 de julio, acerca de las personas que impulsan su candidatura, no se hizo en función de que éstas sean hombres y ella mujer, sino de su afinidad ideológica y pertenencia partidista”.
Por lo anterior ello “en modo alguno pone en riesgo inminente su integridad ni la de su familia o sus bienes a patrimoniales, pues conforme al artículo 36 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 41 de la Ley General de Víctimas, las medidas adoptadas deberán buscar protección de la víctima, ser acordes con la amenaza que trata de conjurar y deberán tener en cuenta la condición especial de vulnerabilidad de las presuntas víctimas ante la afirmación de que los hechos implican una posible afectación a la vida”.
La Comisión añade que la afirmación que con los datos revelados sobre sus empresas se pone a Gálvez en “posición de riesgo de convertirla en víctima potencial de actos delictivos”, el organismo expone que “éstos representan hechos futuros e inciertos, no obstante tiene la posibilidad de acudir ante el Ministerio Público que corresponda de conformidad al artículo 21 de la Constitución.
