El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó el expediente Ayotzinapa, logró sacar a la luz pública información reservada de las Fuerzas Armadas a partir de 2021, algo que los investigadores mexicanos no habían logrado. La penalista colombiana Ángela Buitrago considera que lo que marcó la diferencia fue la intervención de un instrumento internacional como este, novedoso y experimental en el sistema latinoamericano.

Al valorar el aporte del GIEI, al que dedicó sus empeños en los últimos ocho años, explica: “Las personas que vienen de afuera ven cosas que los de adentro ya no alcanzan a observar porque se ha convertido en una normalidad”.

Cita un ejemplo: “Para mí es inimaginable que una fiscalía no pueda ingresar a los archivos militares. Si no puede hacerlo, es una fiscalía mutilada para investigar esta clase de delitos graves. Y nos encontramos con que en México esto es impensable”.

--¿Hay una prohibición explícita que se los impida?

--No tienen la facultad. Si integraran el derecho internacional la tendrían. Pero se resisten. Y te digo más: la fiscalía nunca fue con nosotros a los archivos militares. Fuimos la Comisión de Acceso a la Verdad y a Justicia (COVAJ) y GIEI y llevamos la información a la fiscalía. Ahí vemos que hay restricciones por la propia institución y también por el contexto.

Ángela Buitrago, ahora propuesta por el presidente colombiano Gustavo Petro para encabezar la Fiscalía General de su país, en de una terna de tres penalistas destacadas en casos de delitos humanitarios graves, partió de México el lunes por la noche “con tristeza en el corazón por los padres, que van para nueve años de no saber de sus hijos. No para dar razones, porque eso es una sinrazón. Pero al menos responder a la pregunta de porque actuaron así autoridades y crimen organizado contra un número muy grande de estudiantes”.

Pero también se va con una sonrisa: “Con la tranquilidad de haber empujado hasta el último momento y entender que se abrieron espacios que estaban vetados. El que un presidente decida romper ámbitos muy cerrados es importante. Y si esto llega a ser coherente y constante puede ser una salida para el tema de la violencia y la seguridad en México”.

Terrenos vedados

En entrevista narra su sorpresa cuando supo que los archivos militares son terreno vedado para fiscales e investigadores. “Aquí el funcionario sólo puede hacer lo que le está permitido. En Colombia todos los fiscales que investigamos delitos de lesa humanidad podemos ingresar a los archivos militares y no hay posibilidades de reserva ni de secreto, incluso a documentos de inteligencia. Aquí esto es impensable porque no existe la norma y porque además el funcionario se cohíbe y no aplica el derecho internacional.

“Incluso en el tema de la investigación de la guerra sucia no hay posibilidades de entrar a los archivos militares excepto los que ya están en el Archivo General de la Nación.

“Por eso estoy convencida de que el bloque internacional no solamente es necesario sino definitivo para romper esos pactos de silencio que se generan en estos casos de delitos contra los derechos humanos. Y esto lleva a otra reflexión: si el país no quiere, no sabe o no puede llevar a juicio a estas personas por desaparición forzada hay instancias internacionales que lo van a hacer. Pienso en la Corte Penal Internacional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

--Sin desconocer que hubo obstrucción, el GIEI obtuvo registros militares y permitió un vistazo quizá único en las entrañas de la institución castrense. ¿A qué se debe, en tu opinión?

--El mecanismo que se buscó para el trabajo del GIEI como medida cautelar del sistema interamericano nos dio una serie de facultades amplias: investigar, coadyuvar, sugerir líneas de investigación, analizar si se está haciendo bien la búsqueda, sugerir incluso política pública frente al problema de desaparición forzada. Eso permitió que en la primera fase de la investigación, a pesar de las mentiras, el ocultamiento y desviación de líneas pudiéramos recurrir a todo tipo de otras fuentes: testigos, reconstrucciones, medios independientes, fotografías e imágenes.

“Pero el GIEI no se trata de investigar solo a una institución. La medida cautelar tenía como finalidad la búsqueda de los muchachos. Al principio la responsabilidad se atribuía solamente a policía y presidencia municipales y crimen organizado. Pero desde el inicio nos dimos cuenta que había más instituciones. Fue la medida de la prueba la que nos llevó a indagar en otros sectores que no habían sido investigados: policías estatal, ministerial, federal, de tránsito, inteligencia del Estado. Empezamos a ver que lo que afirmaba la Secretaría de Defensa Nacional era diferente a la realidad qué se demostraba técnicamente.

--Antes de su llegada en 2015 los equipos de Tlachinollan o el Centro de Derechos Humanos Pro estaban en la indefensión frente al aparato del Estado volcado a desviar y obstruir la investigación. ¿Fue necesario que llegara una organización internacional para fracturar ese muro?

--Digamos que es la conjunción de muchas cosas. El tema internacional inclusive fue un factor para el ataque. Nos decían extranjeros y eso impedía realizar muchas cosas que se suponía teníamos que hacer.

--Supongo que también fue un ingrediente muy potente la composición misma del GIEI, con la participación de dos ex fiscales como tu y Claudia Paz y Paz, de Guatemala, que en sus gestiones tuvieron resultados muy importantes en casos de violaciones graves.

--La interdisciplinaridad es un plus. También la cohesión y una coherencia dentro del grupo que funcionó muy bien a la hora de conocer y valorar la prueba a la luz de los estándares internacionales. Y esto nos llevó a romper dinámicas del sistema de procuración de justicia que no se aplicaban. La investigación en casos graves de violación de derechos humanos no puede ser igual a la investigación de un delito cualquiera. En estos casos existe la necesidad de generar una mirada del contexto que quizás en otros delitos no sea necesaria.

“El problema es que muchos delitos de derechos humanos se tratan aquí como un delito común. El contexto te permite ver muchas cosas: patrones, métodos, formas, relaciones y en este caso eso es lo que encontramos entre el crimen organizado y las autoridades.

“Todos en el grupo teníamos la experiencia de haber trabajado en la investigación de delitos graves de derechos humanos y eso nos permitió exigir la acumulación de hechos para configurar un macro caso.

“Otro ejemplo: nosotros discutíamos con el fiscal de la SEIDO que hoy está detenido, Gualberto Ramírez. Nos decía: a estas personas se les investiga por secuestro y eso tiene una pena de 50 años. La desaparición forzada tiene una pena menor.

“Pero este argumento tenía una segunda intención porque el secuestro no es un delito grave en el orden internacional mientras que la desaparición forzada sí. Ahí se ve como lo que le importa al investigador es la pena máxima y no la realidad de la composición del delito. Si no ves el contexto no te percatas que en la desaparición de los muchachos hubo una gran red de funcionarios públicos que contribuyeron a detener a los chavos y los entregaron al crimen organizado para que los desaparezcan.

“Nosotros no inventamos estos procedimientos, estos llevan años de práctica en el ámbito internacional. Y esto los hace obligatorios. Si solamente se busca al que disparó o al que retuvo a una persona, omites la responsabilidad quienes tienen la obligación de salvaguardar la vida de los ciudadanos; estos quedan en la impunidad”.

Su huella en Colombia

En Colombia, Ángela Buitrago ha litigado exitosamente casos históricos que involucran al ejército, al crimen organizado y al paramilitarismo. Uno fue el director de inteligencia Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Jorge Noguera, por asesinato y espionaje telefónico en 2002. Esto le valió a la abogada incluso amenazas y presiones del presidente Álvaro Uribe. Quizá su actuación mas destacada fue cuando en 2005 se reabrió el expediente de la toma e incendio por la guerrilla del M 19 del Palacio de Justicia en Bogotá 30 años después de ocurrido. Hubo más de 100 muertos. En una primera averiguación por parte de la justicia militar no se indagó sobre la desaparición de 11 personas.

Cuenta que lo primero que encontró al conocer ese caso fue la desaparición de pruebas. Tuvo que echar mano de todos los métodos materiales a su alcance, pero también del ingenio. Reunió material de comunicaciones, como unos cassettes que había grabado un radioaficionado con todas las claves de los militares de la llamada “retoma” del Palacio, extremadamente violenta, sin dar oportunidad al rescate de los civiles. Los audios contenían órdenes explícitas de desaparecer personas. Todos los militares que tuvieron responsabilidad, desde generaales hasta sargentos, fueron condenados menos uno, el coronel Alfonso Plazas Vega, quien el sexenio anterior fue invitado a Mexico por El Yunque para denostar a la ex fiscal Buitrago, en plena campaña contra el GIEI, que culminó con su expulsión de México en 2016.

--Esas experiencias adquiridas en tu práctica como penalista en Colombia ¿cómo las aplicaste en el caso Ayotzinapa?

--En el caso de la investigación del DAS, por ejemplo, supimos que esta institución entregaba listas de personas a un organismo que se llamaba “amigos del DAS”. Eran listas de gente tachada como subversiva o comunista. Y los paramilitares los asesinaban. Aquí hay un aprendizaje sobre dónde buscar. Toda la información siempre está en los archivos de las propias instituciones. Todo lo escriben. Eso se sabe desde Nurenberg. Por protegerse las espaldas, los subordinados todo lo guardan. Y la orden normalmente es por escrito.

“De ahí la certeza de que toda la documentación de lo que se hizo en la Noche de Iguala está en Sedena. Y de que el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (Cerfi) tiene toda la secuencia de lo que se hizo. Tenemos 20 documentos. Están seriados. Según nuestras cuentas, deben haber más de 500 transcripciones de ese archivo que no han entregado”.

Los extranjeros

--¿Les pesó ese sentimiento nacionalista entre cierta clase política, de cierta reserva a que la comunidad internacional juegue un papel determinante en asuntos de justicia?

--Tengo una doble lectura. México es quien recurre más al sistema interamericano de derechos humanos. Es como una conciencia de que existe este recurso. Y la prueba es que recurrió a la CIDH para crear este GIEI, que es unaa fórmula de la que no había antecedentes. Además, México pidió que el GIEI retornara después de sus primera partida.

“Pero sí es cierto que hay una resistencia. Y el mejor ejemplo lo tenemos cuando el general Salvador Cienfuegos (ex titular de la Sedena) dijo públicamente: ´Yo no voy a dejar que a mis muchachos los interroguen los extranjeros´. Es como una especie de bipolaridad”.

Pese a la contundencia de sus razones para salir de México, por la obstrucción de la investigación en lo que es casi la recta final por parte de la institución armada, Buitrago reconoce que llegaron hasta donde llegaron gracias a la orden que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador de que se les diera pleno acceso a los archivos. Y a Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación y presidente de la COVAJ, a quien describe como “nuestra punta de lanza”, porque siempre abría puertas.

“La relación siempre fue cordial y concordante con lo que se podía. Lo que sí es cierto es que hay cosas que no quieren entregar. El presidente nos abrió la puerta y nos acompañó. Y es conciente de que no han entregado todo. Yo aspiro que al menos diga: buenos, démenlo a mi”. (Ríe).

La impunidad “el peor de los factores” del Estado

--En su carta de despedida que dieron a conocer el lunes subrayan que los responsables detenidos no están procesados por desaparición forzada sino por secuestro.

--En el caso del ex procurador Jesús Murillo Karam en la segunda imputación si está por desaparición forzada. Lo mismo uno de los generales detenidos, Rafael Hernández Nieto, ex comandante del 41 Batallón de Infantería. Cuando empezamos a ver el proceso de la judicialización, al inicio había 180 detenidos pero todos procesados por portación de armas o droga. Esto se ha corregido en parte.

“Esto lleva a una reflexión del entorno. Si los cargos se quedan como delincuencia organizada los responsables pagan cuatro o cinco años de cárcel y después salen a pesar de haber participado en toda la acción que llevó a la desaparición de los muchachos.

“Aquí no se trata de llevarlos a juicio por lo que sea. Cuando hablamos de justicia en estos casos graves lo que importa es que los juzguen por los delitos correspondientes a la acción de desaparición.

“Lo que interesa aquí es que se haga un debido proceso, una investigación adecuada, exhaustiva, completa y una sentencia que permita decirle a las víctimas que hay un castigo proporcional al delito cometido para los responsables. No se debe avalar cualquier forma de judicialización.

“Nosotros logramos comprobar en el tercero y segundo informe que el 80 por ciento de los detenidos habían sido torturados para confesar. Esto implica pérdida de verdad, pérdida de justicia e impunidad. No puede actuar criminalmente. Así salieron varios indiciados porque la prueba para imputarlos es ilícita. Esto lleva a otra reflexión: la tortura no puede ser un método de investigación. Todas estas prácticas tienen que ser castigadas.

“La investigación tiene dos nortes: una, qué pasó el 26-27 de septiembre, dónde están los muchachos, quienes son responsables, incluso de la tortura y asesinato de Julio César Mondragón. Esto quiere decir, no es uno sino varios crímenes cometidos de manera sistemática. Pero el otro es llegar hasta quienes tomaron la decisión en lo más alto de la jerarquía. Es la única forma de evitar que se siga dando esa amalgama de autoridad y crimen organizado. La impunidad es el peor de los factores en un Estado.

“Si la autoridad es criminal toda la población está en riesgo. Eso explica porque la fuerza del crimen organizado es tal en Guerrero. Porque no ha habido sanción. Y esta práctica se vuelve una forma de control y poder, pero con participación del Estado”.