Berlín. La oficina de derechos humanos de Naciones Unidas en Uganda cerrará el fin de semana después que el país en el este de África decidió no renovar un acuerdo que le permite operar, informó el viernes el principal funcionario de derechos humanos de la ONU.

El cierre ocurre en medio de preocupaciones por las violaciones a los derechos humanos que incluyen ejecuciones extrajudiciales en Uganda y una nueva ley que ordena la pena de muerte para algunos actos homosexuales. La oficina en Kampala suspenderá oficialmente las operaciones el sábado, mientras que las oficinas secundarias en Gulu y Maroto cerraron a finales de junio y el lunes, respectivamente.

“Lamento que nuestra oficina en Uganda tenga que cerrar tras 18 años, durante los cuales logramos trabajar de cerca con la sociedad civil, personas de varias condiciones sociales en Uganda, así como interactuar con instituciones estatales para promover y proteger los derechos humanos de los ugandeses”, dijo en un comunicado desde Ginebra Volker Türk, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos.

El cierre se debe a la decisión del gobierno de no renovar el acuerdo del país anfitrión bajo el cual operaba la oficina.

Türk expresó su preocupación sobre la situación en Uganda antes de las elecciones de 2026, dado un “mayor ambiente hostil” para los defensores de derechos humanos, periodistas y otras personas, indicó su oficina. La mayoría de las 54 organizaciones no gubernamentales que se “suspendieron arbitrariamente” hace dos años, permanecen cerradas, señaló.

También advirtió a Uganda que no dé marcha atrás a sus compromisos bajo los tratados de derechos humanos, como con la “ley contra la homosexualidad profundamente discriminatoria y dañina que ya ha tenido un impacto negativo en los ugandeses”, añadió su oficina.

La semana pasada, un panel de expertos de la ONU exhortó a Uganda a revocar la ley, que ha provocado fuertes críticas internacionales, pero cuenta con amplio apoyo en el país, en un reporte que expresó mayores preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos.

A las fuerzas de seguridad de Uganda se les acusa cada vez más de actos de brutalidad en sus encuentros con presuntos opositores del gobierno del presidente Yoweri Museveni, un aliado de Estados Unidos que está al mando desde 1986.