Brasilia. La deforestación en la Amazonia brasileña disminuyó 66 por ciento en julio, en comparación con el mismo periodo del año pasado, alcanzando la menor cifra para este mes en cinco años, según datos divulgados por el gobierno de Lula da Silva, que atribuyó los resultados a sus políticas de control en la región.

El mes pasado, la deforestación alcanzó 500 kilómetros cuadrados, marcando un descenso de 66 por ciento en relación con igual mes de 2022, cuando alcanzó los mil 487 kilómetros cuadrados, según datos difundidos en rueda de prensa por los ministerios de Medio Ambiente y Ciencia y Tecnología.

El dato de julio basado en el sistema de vigilancia del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) fue celebrado por las autoridades, por tratarse del mes de inicio del clima seco y, por tanto, de la temporada alta de destrucción del bioma amazónico.

La ministra brasileña de Medio Ambiente, Marina Silva, destacó la “caída consistente” de la deforestación y un “ciclo virtuoso” en el freno a la impunidad de los delitos en la mayor selva tropical del mundo.

En tanto, la deforestación cedió 7 por ciento en un año hasta agosto, con 7 mil 952 kilómetros cuadrados deforestados, el menor valor en cuatro años. En el mismo periodo entre 2021 y 2022, la devastación llegó a 8 mil 590 kilómetros cuadrados, según las cifras oficiales.

Los datos se conocen en vísperas de la primera cumbre de presidentes de los ocho países miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica desde 2009, que se realizará la semana próxima en la ciudad de Belém (Pará, norte de Brasil).

Por otra parte, en los primeros siete meses del gobierno de Lula, entre enero y julio, la deforestación cayó 42. 5 por ciento, a 3 mil 149 kilómetros cuadrdaos, contra igual periodo del año pasado.

Lula llegó al poder con la promesa de priorizar el cuidado del medioambiente, revirtiendo las políticas de su predecesor Jair Bolsonaro (2019-2022), y eliminar la deforestación ilegal de la Amazonía en 2030, endureciendo controles.

Mariana Napolitano, gerente de Conservación de la ONG WWF-Brasil evaluó que la de la deforestación “es una señal importante de que la retomada de las acciones de comando y control (...) se han mostrado eficaces”.

Récord en el Cerrado

Sin embargo, el área destruida continuó aumentando en el Cerrado, una sabana tropical de enorme diversidad ubicada al sur de la Amazonía: con 6 mil 359 kilómetros cuadrados devastados en un año hasta este mes, registró el peor resultado anual desde el inicio de la serie del INPE en 2017.

Entre enero y julio, las alertas siguieron la tendencia al alza, creciendo 21. 7 por ciento contra ese lapso de 2022, desde 4 mil 123 kilómetros cuadrados a 5 mil 019 kilómetros cuadrados. La subida fue de 26 por ciento, a 612 kilómetros cuadrados en julio frente a julio de 2022.

En una entrevista ayer, Lula repitió su intención de alinear una política de control con los países amazónicos y sus fuerzas de seguridad contra “el crimen organizado que ha tomado muchas regiones” de la floresta. Y repitió que su gobierno será “muy duro” en ese combate.

El mandatario marcó un giro en cuestiones medioambientales respecto de Bolsonaro, en cuya gestión la deforestación amazónica avanzó 75 por ciento frente al promedio de la década anterior.

En tanto, la Policía Federal de Brasil informó que inició una operación contra el presunto mayor acaparador individual de tierras y deforestador para la ganadería en la Amazonia, acusado de liderar un esquema de ocupación irregular de más de 20 mil hectáreas de selva.

Un Tribunal Federal emitió tres órdenes de registro e incautación en los municipios de Novo Progresso en Pará y Sinop en Mato Grosso, y también ordenó el bloqueo de 116 millones de reales y la confiscación de 16 fincas y 10 mil cabezas de ganado, así como bienes inmuebles y vehículos, según la policía.

Las investigaciones de la llamada “Operación Retomada” comenzaron tras la identificación de cerca de 6 mil hectáreas de tierras deforestadas en la región de Novo Progresso, en Pará.

La policía dijo que el grupo criminal, liderado por un acusado no identificado, llevó a cabo el registro irregular de áreas cercanas a la suya a nombre de familiares y terceros y deforestó las áreas para la cría de ganado.

El sospechoso y su grupo se apoderaron de más de 21 mil hectáreas de tierras federales aledañas a tierras indígenas y unidades de conservación, donde además se encontraron más de 6 mil 500 hectáreas de bosque deforestado, dijo la policía.