Madrid. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, compareció ante los medios de comunicación para detallar lo que a su juicio tendría que ser la agenda de negociación entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el independentismo catalán para apoyar una futura investidura de Pedro Sánchez. Y fijó al menos tres prioridades: la “resolución del conflicto político”, que pasa por el reconocimiento del derecho de autodeterminación a través de un referendo vinculante y de la amnistía para los procesados por defender ideas secesionistas; además crear una nueva formula de financiación que acabe con el “déficit fiscal” y “de infraestructuras”.
Aragonés, que pertenece a ERC, aspira a que el nacionalismo catalán en su conjunto acuda a negociar unido con el socialismo español, es decir que ponga las mismas condiciones y hable con una sola voz para ceder los 14 diputados -siete cada uno- que tienen ERC y Junts per Catalunya (JxCat). Pero las relaciones entre la formación liderada por Carles Puigdemont y ERC pasan por su peor momento en años, sobre todo a raíz de la ruptura de la coalición de gobierno y la expulsión de la presidencia del Parlamento autonómico de Laura Borrás, procesada por varios delitos de corrupción y muy cercana al ex presidente Puigdemont.
El presidente en funciones del gobierno español, el socialista Sánchez, necesitaría para ser reelegido los apoyos de todos los partidos nacionalistas vascos, gallegos y catalanes con representación parlamentaria, sólo así podría sacar adelante su investidura, ya que su partido sólo tiene 121 diputados y fue la segunda fuerza más votada, a lo que hay que añadir los 31 escaños de su socio preferente, los 31 diputados de la coalición de izquierdas Sumar.
En este escenario, el presidente catalán pretende asumir el liderazgo de las negociaciones entre “Cataluña y España”, como él mismo definió, si bien todas las miradas están puestas en el ex presidente Puigdemont, que reside en Bélgica desde octubre del 2017, cuando decidió asentarse en ese país para evitar la persecución judicial y policial impulsada desde el Estado español. Aún así, en su comparecencia Aragonés instó a Sánchez a “avanzar en la resolución del conflicto político y acabar con la represión y con el déficit fiscal y de infraestructuras”, en alusión a una añeja reivindicación del separatismo catalán, que defiende que aporta muchos más recursos fiscales al Estado central que los que recibe y de ahí que pida una compensación a esa criterio, que se basa entre otras cosas en la redistribución de la riqueza entre las comunidades autonómas más pobres y con más desempleo y desigualdad, que se encuentran sobre todo en el sur del país. Aragonés insistió en que “corresponde moverse a quien quiere ser investido” y de ahí que pidió una propuesta concreta a Pedro Sánchez sobre estos tres puntos prioritarios para el independentismo catalán.
Sin hacer alusión a esas reivindicaciones, pero con una clara intención de mostrar predisposición al diálogo, la ministra de Hacienda y vicesecretaria del PSOE, María Jesús Montero, expusó que “la reforma del sistema de financiación autonómica es una urgencia” y es algo que se debe abordar durante la próxima legislatura “con todos los partidos políticos”. Y aclaró que ante unas futuras negociaciones con el independentismo catalán, vasco y gallego “cualquier contacto tiene como límite el marco constitucional. Lo hemos repetido hasta la saciedad”. Sin embargo, el nacionalismo catalán no es partidario de reformar el sistema autonómico, que les mantendría con un estatus similar al actual en el marco del Estado español, sino de abrir la vía para una independencia definitiva de la nación española.
