La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que Luis Javier García Saldaña, quien fue acusado por familiares de las víctimas del multihomicidio ocurrido en la colonia Narvarte el 31 de julio de 2015, no ha tenido ningún tipo de participación en la investigación del caso, como tampoco ningún familiar.   

En un mensaje a medios, el coordinador de asesores, Ulises Lara López, afirmó que “la Fiscalía no encubre a ningún servidor público que labore o haya laborado en la institución”, aunque “no debe entenderse de ninguna manera como dar por cerrado el caso”.  

Pese a que en su declaración patrimonial aparece como agente del Ministerio Público Auxiliar A de la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuauhtémoc, dijo que es oficial secretario de la Agencia de Delitos cometidos en el Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

Hace siete meses, se le citó como testigo además de que se han buscado datos o indicios que pudieran establecer su participación o la de algún familiar en los hechos, por lo que han intervenido policías de investigación y elementos de la Guardia Nacional. 

Los resultados de dichas investigaciones fueron dados a conocer en su momento a los familiares y representantes de las víctimas y no externaron observaciones sobre el tema, precisó en un mensaje a medios. 

Tras un recuento de las acciones realizados, destacó la ampliación de la línea de investigación relacionada con los antecedentes de violencia política que habían sufrido dos de las víctimas: Nadia Vera y Rubén Espinosa, antes de migrar a la Ciudad de México. 

En especial, se buscó identificar a alguna persona que llevara el indicativo “Tormenta” o “Capitán Tormenta”, que era de interés especial para los abogados de las víctimas. 

Además de cualquier tipo de nexo de los sentenciados con las empresas de los altos funcionarios de Veracruz, las cuales posiblemente se utilizaban para lavado de dinero y otras actividades ilícitas, especialmente las que tienen su domicilio en la capital del país. 

Los resultados iban a ser informados de manera detallada a los familiares de las víctimas, pero no fue posible por decisión de ellos; sin embargo, reiteró la disposición de la Fiscalía de retomar el diálogo en cuanto las familias lo decidan. 

La Fiscalía de Investigación de los Delitos en Materia de Trata de Personas abrió una carpeta de investigación, en atención a una de las líneas de investigación acordadas con las familias y sus representantes. 

Mientras, en la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos se tiene en curso una carpeta de investigación por los diversos actos y omisiones señalados en la Recomendación 04/2017 emitida por la Comisión de Derechos Humanos capitalina. 

Así como por hechos denunciados por las personas víctimas indirectas en diciembre de 2022, quienes junto con sus representantes han tenido acceso completo al expediente de la investigación y se les ha informado de las acciones y las actuaciones que se realizan. 

La Fiscalía ha reconocido como víctimas indirectas a los familiares de las personas a las que se les privó de la vida y se les ha brindado las medidas de compensación y rehabilitación señaladas en la Recomendación de la CDHCM. 

Se continúa asimismo trabajando arduamente en implementar y operar efectivamente las mejoras institucionales que garanticen la no repetición de las violaciones a derechos humanos, señaladas en dicha Recomendación, puntualizó.  

Los avances obtenidos, destacó, se apoyan en la creación de las Unidades Criminalísticas de Proximidad, el protocolo para la investigación de muertes violentas de mujeres y el fortalecimiento de la Policía de Investigación para analizar información de inteligencia. 

Recordó que, la Fiscalía de Homicidios de la entonces Procuraduría General de Justicia realizó diversas labores que llevaron a la captura, enjuiciamiento y posterior sentencia condenatoria de Abraham N, Daniel N y César N, autores materiales de las muertes. 

Los tres sentenciados cumplen actualmente penas de prisión en el Centro de Alta Seguridad de Santa Martha Acatitla, precisó. 

Sin embargo, subrayó, los familiares de las víctimas no han cesado en su reclamo de justicia, al considerar que la investigación que realizó la entonces PGJ tuvo supuestas deficiencias que impidieron el esclarecimiento del móvil y la identificación de los posibles autores intelectuales.