Ciudad de México. En un mensaje final, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa sostuvo que su retiro del país no implica el cierre de las investigaciones para conocer el paradero de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. El Estado y sus instituciones tienen la obligación de investigar y hacer justicia.
El documento firmado por Carlos Martín Beristain y Angela María Buitrago Ruiz, reconoce el “enorme coraje” de las familias “y cómo han hecho que el amor por sus hijos, que nos ha traído hasta aquí, sea ahora también parte de una conciencia en México y en el mundo, por los derechos humanos y la búsqueda de los desaparecidos”.
La misiva de despedida hace un recuento de las actividades del GIEI desde su llegada al país en marzo de 2015, los primeros 14 meses de trabajo y luego su regreso en 2020 por invitación del gobierno federal y los padres de los estudiantes. El segundo periodo de trabajo culmina hoy 31 de julio.
Los miembros del GIEI resaltan los desafíos que enfrentaron en todo este tiempo, a pesar de la voluntad política de la administración federal para que se investigara a fondo con la decisión de crear la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) y una Comisión de la Verdad y la Justicia (Covaj).
Durante el segundo periodo de trabajos del grupo se fortalecieron investigaciones sobre los responsables de la tortura, se descubrieron falsificaciones y fraudes documentales en los que se había basado la investigación judicial. Esto llevó a buscar más pruebas y se logró obtener elementos nuevos conseguidos por acercamiento, búsqueda de diversas fuentes, incluyendo testigos que no habían sido escuchados.
Para ello se realizaron, además, análisis de telefonía, de las comunicaciones de agentes del Estado y de miembros de la delincuencia organizada. Quedó en evidencia, advierte el GIEI, que “actuaron de forma coordinada como parte de una red criminal durante la noche de los hechos (26 de septiembre de 2014) y en los días posteriores, así como que declararon muchas cuestiones que resultaron falsas”.
La misiva resalta que ha contribuido a la investigación “especialmente cuando ha habido un operador que tiene voluntad política”. La orden del presidente Andrés Manuel López Obrador para que se abrieran los archivos de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar) y del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), favoreció hallazgos relevantes sobre la actuación de agentes del Estado y el posible destino de los jóvenes.
No obstante, señalan los activistas, la documentación entregada fue parcial y corrobora la existencia de otras informaciones sobre el momento de los hechos y fechas posteriores. También en los materiales no conocidos “hay datos sobre detención y traslado de normalistas”.
Aunque el GIEI ha insistido en que esa información se ponga a disposición de la indagatoria, la respuesta de las instituciones fue negativa, a pesar de las pruebas existentes, afirman los especialistas. “Es sobre esas pruebas que se necesita avanzar”, subrayan.
También califican de “muy relevante” el reconocimiento del gobierno mexicano de que el caso Ayotzinapa es un crimen de Estado y destacan que esta es la primera vez en México y América Latina que un caso cuenta con una asistencia como la proporcionada por el GIEI, la cual ha llegado lejos, a pesar de los limitaciones y el bloqueo al acceso a más archivos.
Subraya que su principal trabajo han sido las víctimas y familiares y cómo pudieron conocer a los estudiantes desaparecidos o muertos por el relato de sus familias y “hemos imaginado su miedo y sufrimiento en los relatos de horror de quienes fueron testigos”.
Para ellos, “el GIEI ha sido una fuente fundamental de información fiable, de apoyo a la reivindicación de la verdad y, sobre todo, de esperanza. Esa esperanza de las familias y de la sociedad es la que necesita respuestas”.
