Bogotá. La espectacularidad con la que la Fiscalía General de Colombia realizó la captura de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, ha contrastado este domingo con la torpeza de los fiscales para legalizar su detención, al no garantizar la presencia de los abogados defensores en la diligencia judicial.

El cuestionado fiscal Mario Burgos, quien lleva el caso, recibió una dura reprimenda de la juez primera de garantías de Bogotá por la improvisación que demostró en su primer intento de legalizar la captura de Petro y la de su ex esposa, Day Vázquez, también sindicada de enriquecimiento ilícito.

Burgos, acusado por numerosos juristas locales de beneficiar a jefes paramilitares y a empresarios y políticos vinculados a redes criminales, tuvo que iniciar de cero los trámites de legalización, paso previo a la imputación de cargos contra los dos detenidos. Al terminar el día, finalmente fueron legalizadas las capturas, así como los allanamientos que se hicieron en la madrugada del sábado en las residencias de los imputados, en la ciudad de Barranquilla.

Fuentes cercanas al caso subrayaron que, pese a estar en el mismo banquillo de los acusados, el futuro judicial de Nicolás Petro y el de su ex esposa marchará por sendas opuestas, hasta el punto de que Vázquez podría convertirse en la principal testigo contra el hijo del presidente.

Luego de un tormentoso divorcio, Vázquez fue quien reveló la supuesta llegada de millonarios recursos a las arcas de su ex marido, quien -según dijo- aparentaba estar recaudando fondos para la campaña electoral de su padre a la presidencia en 2022 con el fin de enriquecerse.

Pero más allá de los detalles jurídicos de este episodio, con el paso de las horas va quedando en evidencia, según analistas locales, la intención de convertir un lío judicial y matrimonial en un gran escándalo político para afectar la imagen y la gobernabilidad del presidente Petro.

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