Washington y Nueva York. La Casa Blanca expresó pleno apoyo a la iniciativa del gobierno de México para mantener a migrantes sin documentos que buscan llegar a Estados Unidos lo más lejos posible de la frontera entre ambos países en un nuevo espacio multipropósito en el sur mexicano, a cambio de ofrecerle a un número selecto de cuatro naciones la oportunidad de solicitar asilo desde ahí.

Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, declaró ayer: anunciamos nuestro pleno apoyo a un espacio internacional multipropósito que el gobierno de México planea establecer en el sur de México para ofrecer nuevas opciones de refugio y trabajo a las personas más vulnerables que actualmente se encuentran en México. También nos comprometemos a aceptar referencias de reasentamientos de refugiados de personas calificadas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que ya se encuentran en México.

Esta medida, subrayó, se basa en una serie de exitosas iniciativas de vías legales que los presidentes Biden y López Obrador han acordado poner en marcha durante el último año. La ampliación de la cooperación entre Estados Unidos y México para administrar nuestra frontera común de manera humana y ordenada es un testimonio de los fuertes y duraderos lazos de amistad y asociación entre nuestros dos países.

El apoyo no especificado de la Casa Blanca a esta medida ocurre poco después de que un juez federal estadunidense declaró ilegales las políticas migratorias del gobierno de Biden que buscan negar el asilo a casi todo solicitante que llegue a la frontera sin autorización, ya que violan el derecho a solicitarlo.

Defensores de libertades civiles y derechos de inmigrantes aplaudieron el fallo del juez y habían denunciado esa política restrictiva como una continuación de medidas parecidas bajo el gobierno antimigrante de Donald Trump. La resolución ordena que queden suspendidas en dos semanas, pero el gobierno de Biden ha indicado que está impugnando la decisión.

Por ahora, para el gobierno de Joe Biden esas medidas han sido efectivas para reducir el flujo migratorio en la frontera. El mes pasado más gente ingresó al país a través de puertos de entrada oficiales siguiendo las nuevas reglas que el número de los capturados por la Patrulla Fronteriza entre los puertos de entrada, informó Adam Isacson, analista experto en estos asuntos en el Washington Office on Latin America (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos).

Isacson señaló que la combinación de permitir que hasta 30 mil personas provenientes de cuatro países –Haití, Nicaragua, Cuba y Venezuela– soliciten ingresar a Estados Unidos desde sus naciones de origen y la nueva disponibilidad de hasta mil 450 citas diarias en centros de procesamiento estadunidenses para los migrantes que se encuentran transitando por México han creado más opciones legales para aquellos que desean ingresar a EU. Esa es la dirección que el gobierno de Biden está buscando avanzar, indicó en entrevista con La Jornada.

Pero esto no es sólo una política estadunidense. Isacson informó que en junio pasado México rompió su récord, con más de 10 por ciento, de detenciones de migrantes en un solo mes (50 mil 97).

Por otro lado, desde el pasado 12 de mayo, aceptó recibir a 4 mil cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos expulsados por EU, reveló el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos.

La gente en Washington percibe que México está trabajando con Estados Unidos en migración, agregó Isacson, señalando, entre otras cosas, la decisión del gobierno mexicano de limitar las visas de tránsito para migrantes que buscan atravesar el país y llegar a la frontera norte, así como trasladar a algunos migrantes a puntos más lejanos de esa línea divisoria.

Estados Unidos está encantado con todo eso, subrayó Isacson, concluyendo que en los hechos México se ha convertido en la sala de espera de EU.

A la vez, aunque se ha reducido de manera significativa el flujo migratorio en la frontera estadunidense, hay indicios de que ese éxodo de refugiados económicos y políticos no se está frenando. The Wall Street Journal, citando a funcionarios panameños, reportó que se espera que más de 400 mil personas en total transiten a través de la región del Daríen este año, comparado con 284 mil el año pasado.

Las medidas del gobierno de Biden han buscado imponer control, o por lo menos la apariencia, sobre ese flujo en su frontera. Pero tal como declaró el juez en su decisión esta semana, el nuevo sistema resulta en una presunción de negar el asilo a gente que llega a la frontera sin documentos; o sea, viola el derecho a solicitar asilo garantizado por la ley nacional e internacional.

“Se trata de una regla profundamente inhumana que exige a individuos y familias acatar sistemas de inmigración en países de Centroamérica y México que operan por fuera de la legalidad y luego les exige obtener una cita a través de una aplicación de un teléfono inteligente para ingresar a Estados Unidos y buscar protección humanitaria. La regla de asilo perjudica a las personas que no tienen recursos económicos, ni un teléfono inteligente y que no hablan español, inglés o creole. Las personas más afectadas son indígenas, quienes viven en la pobreza, las que fueron víctimas de delitos en su camino a Estados Unidos, las que tienen mucho miedo y no pueden darse el lujo de esperar al otro lado de la frontera”, dijo Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, una red de 57 organizaciones de inmigrantes en Estados Unidos.

Mientras la Casa Blanca justifica estas politicas como formas de promover vías regulares para protección de los migrantes, el juez federal está de acuerdo con varios defensores de inmigrantes en que es la administración de Joe Biden la que está violando la ley en este rubro.