En vísperas de que concluya el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el Caso Ayotzinapa, el 31 de julio próximo, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) respaldó su trabajo y lamentó que durante las investigaciones haya prevalecido la falta de colaboración por parte de las autoridades militares para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero.
Alentó a las autoridades para poner en práctica todas las recomendaciones del GIEI, tanto las del sexto y último informe, como las de los pasado que siguen vigentes, para lograr avances en justicia, verdad y derechos de las víctimas, así como generar un aporte sustancial al sistema de justicia penal, en especial hacia los casos de violaciones de derechos humanos en México.
Recordó que desde su creación, el GIEI estableció la necesidad de recibir información exhaustiva y veraz por parte de todas las autoridades para esclarecer los hechos. Por ello, deploró que, pese a la voluntad política expresada desde el gobierno federal al más alto nivel, las Fuerzas Armadas no hayan otorgado toda la documentación solicitada por los expertos para profundizar sus investigaciones y coadyuvar a la búsqueda de los jóvenes.
La ONU-DH destacó que a lo largo de los años, el trabajo del GIEI ha permitido impulsar avances sustanciales que han corroborado que la versión de la llamada “verdad histórica”, en la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto, “fue construida con base en pruebas ilícitas como la tortura”.
Asimismo, resaltó, los hallazgos han contribuido a reconocer y dignificar a las familias, a develar la confabulación criminal de autoridades, civiles y militares, de los distintos órdenes de gobierno, y a sustentar la judicialización de más de 120 personas.
En un comunicado, expuso que el último informe del GIEI contiene, además, elementos de análisis sobre el funcionamiento del sistema de procuración y administración de justicia en México y sus grandes limitaciones para resolver casos de alta complejidad y gran impacto, como el de Ayotzinapa.
La ONU-DH aseveró que la terminación del mandato de los expertos acentúa ahora la responsabilidad que tienen las autoridades nacionales. “Por ello, retomar las recomendaciones de los organismos internacionales y los más altos estándares de derechos humanos en la materia se vuelve una condición indispensable que debe involucrar los esfuerzos y la colaboración de todas las autoridades a fin de esclarecer la verdad acerca de lo sucedido, dar con el paradero de los estudiantes, reparar a las familias y sancionar debidamente a los perpetradores y todos aquellos actores que han afectado u obstruido las indagatorias”.
Señaló que seguirá de cerca los resultados de las investigaciones y demás acciones que tome el Estado y reiteró su firme compromiso de seguir acompañando el caso al lado de las familias y demás actores sociales e institucionales interesados en su pleno esclarecimiento mediante su asistencia y colaboración técnicas y con base en el diálogo y la interlocución directa.
Igualmente, hizo un especial reconocimiento a las familias de los 43 normalistas desaparecidos y a las organizaciones “que con gran profesionalismo continúan representando y acompañando a dichas familias. Su exigencia de búsqueda, verdad y justicia ha permitido la instauración de medidas innovadoras y aportes fundamentales en la defensa de los derechos humanos”.
