San Cristóbal de Las Casas, Chis. Alrededor de 800 integrantes del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), de Chilón y Cancuc, marcharon este jueves en el municipio de Tumbalá, en el norte de la entidad, para protestar por “el aumento de la violencia que se vive en el país, producto de una fracasada estrategia de combate al crimen organizado y de las luchas intestinas por el poder de las diferentes facciones de la burguesía”.

En un comunicado aseguraron que “el objetivo de la crisis de seguridad e ingobernabilidad impulsada desde Estados Unidos es desmantelar y fragmentar las naciones y Estados a través de la violencia criminal, dejando libre el paso a las empresas transnacionales que buscan despojarnos y saquear nuestro territorio; con el pretexto del desbordamiento de la violencia se justifica y legitima la militarización en todo el país y estados”.

Aseguraron que en Chiapas “esta política se concreta con el hostigamiento permanente a las comunidades localidades organizadas que defienden la vida, el territorio y sus derecho a la autonomía; como viene sucediendo en las comunidades zapatistas, comprobamos una vez más la continuidad de la estrategia de contrainsurgencia; sumada a esa realidad lacerante, avanza el control del territorio por los cárteles que van dejando a su paso a miles de víctimas inocentes, asesinados, desaparecidos y desplazados, como sucede en el municipio de Comalapa y todo el corredor fronterizo”.

Los manifestantes comenzaron la movilización en las instalaciones de la secundaria técnica y después de caminar más de dos horas concluyeron en el parque central, donde leyeron un comunicado en el que exigieron justicia para Simón Pedro Pérez López, catequista y exdirigente de la agrupación Las Abejas de Acteal, asesinado en Simojovel hace dos años. También demandaron la liberación de cinco indígenas, colaboradores de la parroquia de Cancuc, presos “injustamente” en el penal de San Cristóbal.

En la marcha participaron también miembros del Congreso Nacional Indígena (CNI) de la región selva-note, del Frente del Único de Organizaciones Sociales de Tumbalá y de la agrupación llamada la Fuerza de las Organizaciones Autónomas del Pueblo Presente (SFOAP), las cuales denunciaron que “nuestro pueblo que lucha contra los atropellos a los derechos humanos ha sufrido una ola de violencia, persecución, ejecuciones extrajudiciales, intimidaciones e intento de desapariciones forzadas, para tratar de frenar cualquier movimiento que busca y lucha por una vida digna”.

Añadieron que “la política de contrainsurgencia se visibiliza en la presencia del paramilitarismo, grupos de choque y delictivos que buscan señalar y hostigar a los compañeros luchadores sociales”.

Afirmaron que en Tumbalá “ha aumentado la violencia, la venta ilegal de estupefacientes, el cacicazgo político que a sangre y fuego impone la corrupción y la manipulación”.

Denunciaron que el 20 de abril, a las 3 horas “le privaron de la vida al compañero José Martín Montejo Arcos, joven de 22 años, luchador social consecuente, miembro activo del CNI, quien fue coordinador de Jóvenes en Acción por la Iglesia Católica de Tumbalá”, por lo que exigieron que se haga justicia.

Subrayaron: “Era un joven talentoso con muchas energías que transmitiera enseñanza en el canto, el piano, la marimba y la literatura. Apenas comenzaba su vida laboral en la Casa del estudiante indígena Frida Kalho, que funciona como albergue de la Escuela Secundaria Técnica número 95, que administra el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas”.

Destacaron que “iniciaba su vida laboral con la perspectiva de dar grandes frutos, pero grupos intolerantes de corte partidista, lo hostigaron y reprimieron administrativamente. A los cuatro meses de haber iniciado su labor, lo madrugaron en su espacio de trabajo, asesinándolo, y colgándolo de un árbol. Al compañero lo asesinaron, pero eternizaron su memoria, pues hoy es un mártir de la lucha por su pueblo y sus ideales merecen honor y gloria eterna”.

También denunciaron que el joven José Manuel, estudiante del Colegio de Bachilleres de Chiapas Plantel número 62, con sede en Tumbalá, “fue acusado injustamente de pederastia y con delitos prefabricados al contraer relación de noviazgo con una estudiante de secundaria, por lo que hoy en complicidad entre las instancias correspondientes y el cacicazgo político de Tumbalá, lo mantienen preso en el penal de Yajalón”.