Integrantes de la comisión de participación comunitaria (Copaco) de la colonia Ajusco presentarán una queja ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) por la agresión que encabezó una funcionaria de la alcaldía Coyoacán, Diana Yeranell Pérez Ibarra, contra vecinos durante la asamblea para integrar los comités de ejecución y vigilancia de los recursos del presupuesto participativo.
Reprocharon el mutismo del organismo electoral por el incidente en el que también fue agredida la integrante de la Copaco, Anarely Hernández Rul, y pedirán que se actúe en contra de María Fernanda Pérez Ibarra, hermana de Yeranell, quien también forma parte del órgano de representación vecinal e intervino en la agresión.
En tanto, cuatro integrantes de la Copaco, entre ellos su coordinador, Adonay Jaime Hernández Luna, así como Luis Antonio Rodríguez Gurrusquieta y José Luis Flores Geniz, además de Anarely, decidieron este miércoles no acudir a una reunión convocada en la sede de la dirección distrital 26 en la que se definiría una fecha para reponer el proceso de selección de los comités de ejecución y vigilancia.
Explicaron que la unidad territorial Ajusco I dispone este año de un monto de 2 millones 178 mil 622 pesos para la ejecución del proyecto que fue seleccionado en la consulta ciudadana de mayo pasado y que consiste para este año en la adquisición e instalación de calentadores solares de 10 tubos de hacer inoxidable, incluyendo el kit necesario para su montaje.
El proyecto que eligió la comunidad es una segunda etapa del que se aplicó en 2022, que tiene como objetivo generar un ahorro económico en las familias en consumo de gas y contribuir con el cuidado del medio ambiente. La población a beneficiar –se anexó al proyecto una lista– se integró “atendiendo a grupos prioritarios como adultos mayores, madres jefas de familia, personas con capacidades diferentes y a la comunidad en general, hasta donde alcance el presupuesto”.
Para 2024 el proyecto seleccionado fue la compra de tinacos cisterna de mil 100 litros con el equipamiento necesario para su instalación en los domicilios de familias incorporadas en un padrón elaborado también a partir de población de grupos prioritarios.